Con motivo del Día Mundial de los Consumidores

El CCUA alerta del retroceso en los derechos de los usuarios y la desprotección ciudadana

Desahucios, fraudes bancarios, crisis alimentarias, abusos en la facturación de suministros domésticos son algunas de las muestras de la falta de control y regulación de la Administración sobre las empresas.

El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía (CCUA), máximo órgano de consulta y participación de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía, en el que se integran la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus; la Federación de Consumidores y Usuarios en Acción-FACUA Andalucía y la Unión de Consumidores de Andalucía- UCA/UCE, ha aprobado una resolución con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores de este 15 de marzo.

En el contexto actual, señala el CCUA que, la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores debe tener un marcado carácter reivindicativo ante las situaciones de indefensión y los retrocesos en el ámbito de las garantías de los derechos de las personas consumidoras, lo que genera un clima efectivo de desprotección de la ciudadanía.

Muestra de ello son la falta de soluciones para los desahucios de familias en situación de quiebra sobrevenida, la indefensión ante la comercialización de productos financieros como las participaciones preferentes y las subidas desproporcionadas e injustificadas de las comisiones bancarias, a lo que se suman las sucesivas crisis alimentarias y los abusos que se dan en la prestación de servicios de suministros básicos como la electricidad, gas, o el agua, entre un larguísimo etcétera.

Todo ello pone en evidencia el desequilibrio imperante en el mercado y la desprotección que sufren los consumidores, que vemos vulnerados nuestros derechos cada día con abusos y fraudes por parte de empresas que no son sancionadas por ello ni sometidas a controles suficientes. Un ejemplo cercano lo tenemos en Andalucía, con una Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios que se incumple y que está pendiente de desarrollo desde hace diez años. Lejos de contrarrestar este retroceso, las administraciones no están ejerciendo con la suficiente vehemencia su labor de control y regulación, y ni siquiera hacen públicas las sanciones que se efectúan contra las empresas infractoras, las marcas afectadas o la cuantía de las multas -claramente irrisorias- para que la ciudadanía pueda valorar a la hora de comprar o contratar qué empresas son las que atentan contra sus derechos.

Por el contrario, los consumidores vemos cómo se nos grava con tasas judiciales si optamos por defender nuestros derechos en los tribunales. La entrada en vigor de la injusta ley de tasas judiciales, que cuenta con el rechazo del CCUA, ha supuesto un impacto negativo en el derecho a la defensa de todas las personas, un recorte en el acceso al servicio público de la justicia y un claro retroceso del Estado de derecho, que deja fuera de las posibilidades reales del acceso a la justicia de amplios colectivos sociales.

Por otro lado, a pesar de la apuesta del CCUA por el desarrollo efectivo del I Pacto Andaluz por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, suscrito por el Gobierno de la Junta de Andalucía y las tres organizaciones de consumidores andaluzas más representativas a principios del año pasado, éste aún no ha tenido avance alguno.

En este sentido, el CCUA exige el cumplimiento efectivo de derechos fundamentales que contempla el Estatuto de Autonomía, tales como los de consulta, participación y representación a través de las organizaciones de consumidores legalmente constituidas, en pro de lograr un nuevo modelo de consumo y de desarrollo económico más racional, sostenible y equilibrado.

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