Las aerolíneas portuguesas tendrán que publicitar el precio real de los billetes a partir de junio

La norma lusa es más exigente que la nueva Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios española.

Las aerolíneas que operan en Portugal tendrán que publicitar el precio final de los billetes de avión a partir del próximo 7 de junio, fecha en la que entra en vigor la nueva legislación lusa, cuya violación puede implicar una multa que va de los 500 a los 35.000 euros.

Las compañías aéreas tendrán que realizar la publicidad de sus ofertas informando al consumidor del precio que realmente le va a costar, es decir incluir en el precio del vuelo las tasas y los impuestos. Algo que en España también plantea la nueva Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios en España, vigente desde comienzos de 2007.

El objetivo es "asegurar al consumidor una información clara, adecuada e inequívoca sobre el precio del servicio, que le permita comparar los precios y las condiciones de la oferta", indica la nueva Ley portuguesa.

En Portugal, la diferencia del precio publicitado al precio real supera los 100 euros. Un billete de la compañía aérea TAP de ida y vuelta a Madrid en una oferta publicitada a 48 euros para el mes de mayo cuesta al final 193 euros, con tasas e impuestos incluidos.

La nueva legislación determina que el mensaje publicitario "debe mencionar que la tarifa más baja anunciada está limitada al número de lugares disponibles". Además, "debe indicar de forma clara y bien visible si se refiere a un viaje de un solo trayecto o a uno de ida y vuelta".

La norma, más exigente que la española, plantea asimismo que las compañías aéreas también deben ofrecer al consumidor, a través de sus canales de venta directa, como en los portales de Internet, la venta telefónica o en las propias agencias, "la tarifa más baja para la fecha disponible, el vuelo y la clase de servicios pretendidos, aplicable a cada caso". Además deben informar a los pasajeros de que "pueden existir diferencias de tarifas en sus canales de venta".

La violación de las reglas que se refieren a la indicación de las tarifas, tasas, recargos e impuestos, pueden suponer una multa que va desde los 500 euros hasta los 35.000 euros.

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