El Ministerio de Sanidad perjudica gravemente la salud

El 1 de julio ha llegado otro ataque: el nuevo copago. Y está siendo el caos.

El Ministerio de Sanidad perjudica gravemente la salud

El Ministerio de Sanidad perjudica gravemente la salud con sus recortes, con sus crecientes ataques a la sanidad pública y, con ello, a los derechos de los pacientes.

El 1 de julio ha llegado otro ataque: el nuevo copago. Y está siendo el caos.

Porque la prisa extrema del Gobierno de Mariano Rajoy por implantarlo ha impedido a muchas comunidades autónomas estar preparadas para ello: la conexión de las tarjetas sanitarias de los usuarios con Hacienda para conocer sus niveles de renta todavía no está implantada en todas.

Porque las autoridades sanitarias no han aclarado a los usuarios sobre cómo les afectará la medida a través de campañas de información: ni siquiera en las farmacias y centros de salud habrá, de momento, un cartel explicando en qué consiste el nuevo copago.

Porque nadie ha hablado de los protocolos para que los usuarios defiendan sus derechos cuando se produzcan errores: ¿ante quién y cómo tendrá que reclamar un pensionista al que cobren 60 euros en un mes por sus medicamentos cuando le correspondían 8?

Estas son algunos de los problemas que ha puesto de manifiesto FACUA-Consumidores en Acción. El Gobierno y las comunidades autónomas no han pedido la opinión, ni tan siquiera informado, a las asociaciones de consumidores sobre la puesta en marcha del copago.

¿Cuánto nos toca pagar de más?

Los pensionistas, uno de los colectivos más vulnerables ante problemas sanitarios, tendrán asumir el 10% del coste de sus medicamentos con topes mensuales en función de sus niveles de renta. Los que tengan una renta inferior a 18.000 euros abonarán hasta 8 euros al mes, los que la superen pondrán de su bolsillo hasta 18 euros, salvo los que sobrepasen los 100.000 euros, que pagarán un límite de 60 euros.

Por su parte, los ciudadanos en activo, que hasta ahora pagaban el 40% de los medicamentos subvencionados, experimentarán importantes incrementos dependiendo de sus ingresos. Así, tendrán que abonar un 60% del precio los usuarios y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 100.000 euros.

Los usuarios que ostenten la condición de asegurado activo y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros pagarán un 50%. Los que ingresen menos de 18.000 euros seguirán pagando un 40%.

Sólo se verán beneficiados por esta medida los parados que no reciban subsidio de desempleo, que no tendrán que pagar por los fármacos financiados por la sanidad pública. También estarán exentos de aportación los perceptores de rentas de integración social, de pensiones no contributivas y los tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad laboral, así como los afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en la normativa específica.

Plazos distintos para recuperar lo cobrado de más

Sólo el Gobierno del País Vasco ha dicho que no aplicará la medida y asumirá de sus arcas el sobreprecio de los medicamentos. Así, ha puesto en marcha un decreto que además de eludir su aplicación, incluye la exención de pago para pensionistas, parados sin prestación y añade a los demandantes de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Pero habrá diferentes plazos para que los pensionistas que abonen un 10% del precio de sus medicamentos recuperen las cantidades cobradas en las farmacias por encima de los límites de 8, 18 y 60 euros.

6 meses es el plazo que establece el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, un título que nada tiene que ver con la realidad.

Andalucía, Cataluña -que también ha impuesto el pago de 1 euro por receta-, Galicia y Canarias han anunciado mecanismos para que los pensionistas no tengan que pagar de más, por lo que no haría falta que esperaran para recuperar su dinero.

En el resto de comunidades, las devoluciones se harán en plazos distintos, aunque las gobernadas por el PP ya han anunciado que se acogerán a los seis meses que les permite la norma del Gobierno central.

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