FACUA denuncia que el modelo liberalizador del Gobierno está perjudicando gravemente a los usuarios de telecomunicaciones

La Federación presenta el informe El servicio universal de telecomunicaciones en España, donde advierte que la competencia en el sector es más virtual que real, demanda la creación de un fondo financiado por todos los operadores para garantizar la calidad del servicio y critica que las economías domésticas están sufriendo importantes subidas de precios y un cúmulo de irregularidades.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado el informe El servicio universal de telecomunicaciones en España, realizado por encargo de su confederación, ASGECO, donde denuncia que el modelo liberalizador del Gobierno está perjudicando gravemente a los usuarios de telecomunicaciones.

FACUA señala que cinco años después de la liberalización del sector, el servicio universal de telecomunicaciones (telefonía fija, cabinas y abono social para rentas bajas) está en peligro debido a que los nuevos operadores se limitan a utilizar las redes del antiguo monopolio público de Telefónica de España sin contribuir a su financiación y el Gobierno pone el fomento de una competencia virtual por encima de los derechos de los usuarios, eludiendo regular en los aspectos donde es necesario y tomar medidas contra los innumerables abusos que se producen en el sector.

Asimismo, denuncia que la liberalización de las telecomunicaciones se está desarrollando en España al margen de la participación real de los agentes económicos y sociales implicados, entre ellos las asociaciones de consumidores.

FACUA advierte que parece que el Gobierno entiende que sólo el precio es competencia y no así la calidad del servicio telefónico básico, fijando unos parámetros de calidad poco exigentes, no identificables con las necesidades de los usuarios y difícilmente controlables y exigibles por los mismos.

Además, la Federación denuncia la casi absoluta falta de preocupación del Ejecutivo por poner fin a numerosas irregularidades en un sector que ocupa el primer puesto en las denuncias de los consumidores, las cuales han experimentado un incremento más que considerable tras la liberalización emprendida en 1998.

El modelo liberalizador se basa en la intermediación, en operadores que utilizan las infraestructuras del antiguo monopolio público de Telefónica de España, que además es la única compañía obligada a invertir en un mercado donde supuestamente existe la libre competencia.

Empeoramiento de la calidad

Sobre la base de estos dos elementos, la falta de parámetros de calidad regulados realmente exigentes y de la obligación de mejorar las infraestructuras por el conjunto de operadores, el empeoramiento de la calidad del servicio está servida, denuncia FACUA.

La actitud del regulador está provocando un descenso importante en la calidad del servicio y está poniendo en peligro la propia existencia del servicio universal, con hechos constatados como la falta de obligación de prestar el servicio telefónico básico en determinadas zonas poco rentables, la inexistencia de un número suficiente de cabinas en lugares que no reportan especiales beneficios o el que miles de jubilados y pensionistas de rentas bajas hayan dejado de beneficiarse de los importantes descuentos del abono social porque el Gobierno no ha modificado sus parámetros de acceso tras la reciente subida de las pensiones.

FACUA advierte que resulta necesaria la creación de un fondo del servicio universal, tal y como prevé la Ley General de Telecomunicaciones y el propio Reglamento del Servicio Universal, para la inversión en la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en el que participen todos los operadores en función de sus cuotas de mercado y no sólo el operador dominante.

Subidas de precios

Las economías domésticas de rentas medios y bajas han sufrido aumentos espectaculares en las tarifas del servicio telefónico que más les afectan. Las bajadas en los precios de las llamadas provinciales, interprovinciales e internacionales, poco utilizadas por el consumidor doméstico, no contrarrestan en absoluto las tarifas que han alcanzado la cuota de abono, las llamadas metropolitanas y de fijo a móvil. Hoy, más de siete millones de clientes en toda España pagan más por la cuota de abono que por su consumo telefónico.

Para colmo, en su línea de primar una competencia virtual entre operadores, el Gobierno ha llegado a prohibir la salida al mercado de determinados planes de descuento presentados por Telefónica de España para evitar que la bajada de precios repercutiese negativamente sobre el resto de operadores.

Barreras para Internet

El acceso a Internet debe formar parte del concepto de servicio universal. El actual marco regulatorio no fomenta las inversiones precisas, desincentivadas por los márgenes de beneficio que obtienen los operadores que revenden la tecnología ADSL. FACUA considera que este servicio sólo será asequible para las economías domésticas con una rebaja de al menos el 40%, que supondría un precio por debajo de los 23,50 euros más IVA. Asimismo, la Federación reivindica una auténtica tarifa plana de veinticuatro horas a un precio de 12 euros más IVA mensuales.

El regulador parece primar la especulación sobre la inversión en pro de una competencia forzada y artificial, lo que provoca que los usuarios no puedan acceder a precios asequibles y exista una importante barrera para el acceso a Internet.

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