Vulnera el derecho constitucional a comunicar y recibir información veraz

El CCU rechaza la enmienda introducida al Proyecto de Ley de la cadena alimentaria

Con la misma se pretende limitar el derecho de las organizaciones de consumidores a realizar y divulgar estudios comparativos en el ámbito de la alimentación. El Consejo se ha dirigido a los diferentes grupos políticos solicitando la retirada de esa enmienda en el Senado.

El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) ha mostrado su rechazo a una enmienda introducida y aprobada en el Congreso durante la tramitación del Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Dicha enmienda pretende regular los requisitos que deben cumplir los análisis comparativos en productos alimenticios para su venta al consumidor final, análisis que suponen una de las actividades más importantes llevada a cabo por las organizaciones de consumidores, y también una de las más demandadas y valoradas por los ciudadanos.

La enmienda planteada obligaría a las asociaciones de consumidores a cumplir, para la difusión de sus análisis, los mismos principios y garantías que rigen para la inspección y el procedimiento sancionador de la Administración en materia agroalimentaria.

Ello, además de añadir costes y demorar o incluso impedir dicha difusión, de facto, deja en manos de la voluntad de los fabricantes y distribuidores del sector de la alimentación la posibilidad de que las organizaciones de consumidores puedan publicar o no los resultados de informes o análisis sobre productos alimenticios.

El hecho de que la enmienda haya sido introducida en el Congreso ha impedido al CCU pronunciarse sobre ella durante el trámite de audiencia del Proyecto de Ley, y no le ha permitido tampoco oponerse a la misma ante los grupos parlamentarios. Por ello, el Consejo se ha dirigido ahora a las fuerzas políticas en el Senado pidiendo la retirada de dicha enmienda.

Se vulnera el derecho constitucional

De acuerdo con el manifiesto remitido por el Consejo a los representantes en la Cámara Alta, la enmienda vulnera el derecho constitucional a comunicar y recibir información veraz; limita la labor de las organizaciones de consumidores en la formación y defensa de los ciudadanos reconocida igualmente por la Constitución, y vulnera otros artículos de la Carta Magna sobre la protección de la salud y de los intereses económicos de los ciudadanos.

Además, entra en conflicto con la normativa específica para la defensa de los consumidores y usuarios, en la que se establece claramente como finalidad de las asociaciones de consumidores "la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores, incluyendo su información, formación y educación, bien sea con carácter general, bien en relación con bienes o servicios determinados".

El Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios insta, en este sentido a los poderes públicos, a garantizar a los ciudadanos una información precisa y comprensible para el eficaz ejercicio de sus derechos y el adecuado uso y consumo de los bienes y servicios puestos a su disposición en el mercado.

El CCU recuerda que, durante décadas, las organizaciones de consumidores han demostrado su respeto a los principios de transparencia, contradicción y veracidad de la información en la elaboración y difusión de sus informes y análisis comparativos. Sin embargo, la enmienda planteada pretende ir más allá de estos principios, obligando a las asociaciones a cumplir requisitos desproporcionados e innecesarios, y aplicando también de modo inadecuado la Ley de competencia desleal a estas organizaciones de consumidores.

Por todo ello, el Consejo de Consumidores y Usuarios ha solicitado a los grupos políticos la retirada de esa Disposición Adicional Tercera introducida en el Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, así como la apertura de un período de discusiones para regular de manera consensuada la realización y difusión de estudios y análisis comparativos.

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