Juicios tengas y los ganes

La protección del consumidor no puede ni debe descansar exclusivamente en la vía judicial.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la incompatibilidad de la Ley Hipotecaria española con la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos con los consumidores parece habernos devuelto la confianza en los Tribunales de Justicia como vía para hacer valer los derechos de los consumidores y su  protección frente a los abusos de la banca.

También se han sucedido en los últimos tiempos diversas sentencias de Tribunales españoles, que estimando demandas individuales de usuarios afectados por fraudes bancarios, tales como preferentes, swaps o cláusulas suelo en hipotecas,  sitúan a la vía jurisdiccional como la única opción para la protección de los consumidores.

Sin embargo estos logros de la Justicia, que podemos valorar en una primera lectura como importantes avances, también están reconociendo el enorme desequilibrio entre el poder empresarial y el consumidor. Ahondan en el mismo y ponen en evidencia el desamparo que sufren los consumidores respecto de los otros poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, y especialmente el fracaso de los gobiernos, sustentado en un claro y patente desinterés por controlar, perseguir y evitar los flagrantes abusos que la banca, entre otros, ha cometido en estos años.

La protección del consumidor no puede ni debe descansar exclusivamente en la vía judicial. Los poderosos tienen más recursos y medios para sostener en el tiempo procesos judiciales, dilatándolos y oponiendo toda clase de excepciones. De ello tenemos claros ejemplos: el proceso judicial  por el envenenamiento masivo por consumo de aceite de colza duró más de dieciséis años, el cierre de las academias Opening han tardado once años en resolverse o el fraude de Fórum y Afinsa con siete años de procedimiento concursal y penal en las espaldas y aún sin visos de concluir.

España ha suscrito compromisos nacionales e internacionales que le obliga a habilitar procedimientos extrajudiciales de protección de los consumidores y altos niveles de salvaguarda de sus derechos. Naciones Unidas resolvió en 1985 que los Gobiernos debían establecer medidas que permitieran a los consumidores tener acceso a procedimientos rápidos, justos, poco costosos y accesibles, especialmente a los consumidores de más bajos ingresos como vía para poder ver compensados la vulneración de sus derechos.

La realidad es que se han desentendido de este compromiso, han renunciado a controlar el mercado y perseguir los abusos, pretenden desnaturalizar y limitan el arbitraje de consumo, aprueban tasas para pleitear que suponen verdaderas trabas de acceso a la Justicia y legislan en la ambigüedad, permitiendo la comisión de los fraudes.

Sí, el consumidor siempre podrá acudir a la Justicia y acogerse al artículo 24 de la CE y a su derecho a la tutela judicial efectiva pero una Justicia que para él siempre será más costosa, lenta y farragosa que para el poder económico. Sería necesaria una ruptura de la situación actual y que de verdad, los tres poderes, se pongan a trabajar en paliar las desigualdades, los desequilibrios y la desprotección que sufre el consumidor.

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