Código Ético de FACUA: concertar con empresas sin aceptar ayudas económicas

Un movimiento de consumidores independiente sólo puede conseguirse garantizando su financiación por ingresos propios.

FACUA-Consumidores en Acción se ha dotado de un Código Ético que regula su acción consumerista en defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos en su calidad de consumidores de bienes y servicios, y obliga tanto a la organización nacional, como a todas y cada una de las organizaciones territoriales integradas.

Este Código Ético, que se aprobó en febrero de 2007 en asamblea general, tenía la finalidad de responder, entre otras cosas, a la nueva Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores (hoy derogada por el actual Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), que estableció la posibilidad de que las empresas financien actividades de las organizaciones de consumidores y abriera una peligrosa puerta por la que FACUA no quiere entrar.

El artículo 27 del citado Texto Refundido señala que "no tendrán la consideración de ayudas económicas las aportaciones que se realicen (por las empresas a las asociaciones de consumidores) en las condiciones de transparencia establecida en esta norma y normas reglamentarias, no mermen la independencia de la asociación y tengan su origen en los convenios o acuerdos de colaboración regulados en este capítulo". Con ello se desvirtúa el principio de independencia de las asociaciones de consumidores frente a operadores del mercado, aunque el citado artículo indique que dichas ayudas no deben mermar la independencia de las citadas asociaciones.

Desde FACUA entendemos que dada la imposibilidad de controlar estas ayudas económicas, con esta nueva norma, se ha abierto la posibilidad legal de que las empresas y grupos empresariales puedan aportar ayudas económicas y con ello influir e intentar que dichas asociaciones de consumidores pudieran defender los intereses de las empresas que aporten las ayudas o criticar a las empresas de la competencia.

Abrir las puertas a las "ayudas" del sector empresarial y legitimar que éste pueda contribuir a la financiación de las actividades de las organizaciones de consumidores, aunque sea con las "garantías" establecidas en la Ley supone, a medio y largo plazo, debilitarlas y restarles su capacidad de influencia e intervención en el mercado y anular su carácter independiente y con ello acabar con la credibilidad del movimiento consumerista. Pues, ¿qué garantía de objetividad tendría un estudio comparativo o una campaña informativa  "pagada" por una determinada empresa o asociación empresarial, sobre todo si sus productos o servicios forman parte del estudio o campaña?

Un movimiento organizado de consumidores, fuerte, plenamente independiente y con capacidad e influencia de intervención en el mercado sólo puede conseguirse sobre la base de garantizar su financiación por la vía de los ingresos propios provenientes de las cuotas de sus asociados. Complementariamente con las ayudas y subvenciones que los poderes públicos deben aportar en cumplimiento del mandato constitucional recogido en el artículo 51 de la Constitución.

FACUA defiende la concertación y el diálogo con los sectores empresariales para la resolución de los conflictos y la mejora del mercado en beneficio de los consumidores y usuarios, pero sin recibir ayudas económicas por parte de empresas o agrupaciones empresariales.

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