Iniciativa pionera en la UE

FACUA Andalucía, UCA-UCE, Al-Andalus y la ADCA editan una guía sobre prácticas anticompetitivas

Cada ciudadano pierde al año unos 140 euros por desconocer sus derechos, según la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA).

FACUA Andalucía, UCA-UCE, Al-Andalus y la ADCA editan una guía sobre prácticas anticompetitivas

La directora gerente de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), María Victoria Román, junto al miembro del gabinete jurídico de FACUA Andalucía Jordi Castilla, el presidente de UCA-UCE, Juan Moreno; y la responsable del gabinete jurídico de Al-Andalus, Pilar Lora; han presentado este viernes la guía Reclamaciones por daños y perjuicios en materia de derecho de la competencia.

La publicación, la primera de estas características que se edita en España, se enmarca en el convenio suscrito por la ADCA con estas tres federaciones a principios de 2011 con el objetivo de establecer cauces de colaboración para fortalecer la acción promocional de la agencia y el correcto funcionamiento del mercado y la defensa de los intereses de los consumidores.

La iniciativa pretende que estas organizaciones, y también los ciudadanos particulares, sepan detectar prácticas anticompetitivas, conozcan sus derechos y sepan cuáles son los cauces para defenderlos y reclamarlos, llegado el caso.

La guía no es sólo pionera en el conjunto del Estado, sino también en el contexto europeo, ya que sólo el Office of Fair Trading británico ha editado un documento de características similares.

La guía

En un contexto de crisis, las economías domésticas pueden resentirse considerablemente por el desconocimiento de derechos tan básicos y desconocidos como los que inciden en esta materia: pacto de precios, abuso de posiciones de dominio por parte de empresas u otros hechos limitan no sólo la oferta de productos y servicios, sino también los recursos del ciudadano y, como consecuencia, también su nivel adquisitivo.

De hecho se estima que sólo los daños infringidos por los cárteles –acuerdos de empresas para limitar la competencia- le cuestan a cada ciudadano unos 140 euros anuales.

En el conjunto de Europa, el perjuicio puede alcanzar los 69.000 millones de euros, lo que supone un impacto de hasta el 0.55% del PIB de la UE.

Sin embargo, de acuerdo con el informe de evaluación de impacto de la propuesta de Directiva Europea, sólo se detectan entre un 10 y un 20% de los cárteles.

Según estimaciones de la propia Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, en España el abuso de posición de dominio –otra de las prácticas descritas en la guía- representa aproximadamente el 10% de las conductas sancionadas en los últimos tres años por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

El documento presentado consta de diez apartados donde, además de la justificación de abordar un trabajo de esta naturaleza, se analizan aspectos como las consecuencias directas de infringir la normativa en materia de competencia, cómo y cuándo formular reclamaciones por daños y perjuicios, cuál es el plazo de prescripción o qué pruebas deben aportarse, así como un cuerpo de síntesis-conclusiones y un capítulo dedicado a la naturaleza y funciones de la propia ADCA.

"Queremos que las empresas, especialmente las pymes, y los ciudadanos, éstos bien directamente o a través de organizaciones como FACUA, UCA-UCE o Al Andalus, sean conscientes de que las prácticas anticompetitivas no pueden consentirse, y de que tienen derecho a que sean suprimidas", asegura la directora de la agencia.

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