Andalucía inspecciona a los 20 bancos denunciados por FACUA por las cláusulas suelo

"Detectadas presuntas irregularidades, se procede a la realización de las actuaciones legalmente establecidas", ha informado el Servicio de Consumo de Sevilla a FACUA.

La Secretaría General de Consumo de la Junta inspecciona a los veinte bancos denunciados por FACUA Andalucía por las cláusulas suelo de sus hipotecas.

Inicialmente, el Servicio de Consumo de Sevilla contestó a FACUA Andalucía que "detectadas presuntas irregularidades en los hechos denunciados, se procede a la realización de las actuaciones legalmente establecidas" ante una de las primeras denuncias presentadas.

Con posterioridad, la Jefatura de Servicio de Inspección de la Secretaría General de Consumo ha comunicado a la organización que da traslado de las denuncias "por razones de competencia" al Servicio de Consumo de Almería.

Andalucía es una de las primeras comunidades que inicia inspecciones a los bancos por la aplicación de estas cláusulas abusivas como consecuencia de las denuncias presentadas por FACUA los meses de marzo y abril a las diecisiete autoridades autonómicas competentes en protección al consumidor.

Las autoridades andaluzas de consumo están inspeccionando y analizando los casos denunciados, en los que incluye como documentación decenas de contratos con estas cláusulas aportados por socios de la organización.

Los bancos denunciados son Bankia, BBVA, Caja España-Duero, Unicaja, Caja Rural del Sur, Banco Popular, Cajasol Caixabank, Novagalicia Banco (antes Caixa Galicia), Cajasur (del grupo Kutxabank), Banco Pastor (del grupo Banco Popular), Banco Gallego, Cajamar Caja Rural, Banco Etchevarría, Caja Granada (del grupo Banco Mare Nostrum), Arquia, SabadellAtlántico y Caixa Penedès (ambas del grupo Banco Sabadell) y las entidades Banco Castilla-La Mancha CCM, Caja de Extremadura y Cajastur (del grupo Liberbank).

La Ley 13/2003, de 17 de diciembre, Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, establece un régimen sancionador que en los casos de las infracciones muy graves puede alcanzar "el comiso del beneficio obtenido con la infracción" (artículo 78) y, "con carácter excepcional", el "cierre" temporal de los establecimientos o "la suspensión del servicio o de la actividad en la que se cometiera la infracción" por un plazo de hasta un año (artículo 76).

"El beneficio ilícito se calculará, cuando no pueda ser determinado exactamente, con criterios estimativos", establece la norma.

FACUA solicita a las CCAA que insten a la cesación de la cláusula suelo y la devolución del dinero

En sus denuncias, FACUA reclama a las comunidades autónomas la aplicación de multas proporcionales a los miles de millones de euros obtenidos por la banca con uno de los mayores fraudes financieros que se han producido en España.

Asimismo, les solicita que en el ejercicio de sus competencias, insten a los bancos al cese de las aplicación de estas cláusulas abusivas y a la devolución de las cantidades cobradas irregularmente a los usuarios.

Competencia de las autoridades de consumo

FACUA argumenta la ilegalidad de las cláusulas suelo y las competencias de las autoridades de consumo para intervenir en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Trlgdcu) aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, las leyes y estatutos autonómicos de protección al consumidor y la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

FACUA recuerda que la directiva europea establece en su artículo 7 que los Estados miembros deben velar por que las organizaciones que tengan un interés legítimo en la protección de los consumidores puedan acudir a los órganos administrativos competentes "con el fin de que estos determinen si ciertas cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para que cese la aplicación".

Actuaciones desde 2009

Ya en 2009, la asociación pidió al Instituto Nacional del Consumo (INC) que actuase contra estas cláusulas, pero el organismo se desentendió del asunto derivándolo al Banco de España, que no puso objeción a su aplicación con el argumento de que eran el resultado de una supuesta negociación entre el usuario y la entidad bancaria. Fue uno más de los muchos casos en que los organismos competentes miraron hacia otro lado ante los abusos financieros.

Este año, el Banco de España ha reconocido que el posible carácter abusivo de las cláusulas suelo no es un asunto de su competencia e indica que "la atribución y calificación del carácter abusivo de una cláusula contractual", al amparo de lo dispuesto en la legislación de defensa de los consumidores, "corresponde sancionarlo a las autoridades específicamente competentes en esa materia, o genéricamente a los órganos jurisdiccionales de la Administración de Justicia". 

Han impedido beneficiarse de las bajadas del euríbor

Un altísimo porcentaje e los préstamos hipotecarios a interés variable concedidos en los últimos años incoporan estas cláusulas por la que se establece un interés mínimo a aplicar. En un estudio realizado por FACUA en 2011, más de la mitad de los préstamos analizados incluían cláusulas suelo.

Estas cláusulas han impedido que los usuarios se beneficiaran de las bajadas del euríbor. Y es que al revisarse anualmente el tipo aplicable, se toma como referencia el porcentaje establecido como suelo en los casos en que la suma del euríbor más el diferencial que figure en el contrato estén por encima de aquél.

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