FACUA Sevilla alerta de que privatizar la zona azul podría provocar su ampliación y encarecimiento

Introducir una empresa con afán de lucro promoverá el interés recaudatorio y abre la puerta a una mayor ampliación de zonas para aumentar los beneficios de la adjudicataria.

FACUA Sevilla rechaza la propuesta para privatizar la zona azul que el delegado de Seguridad y Movilidad, Juan Bueno, lleva este viernes a la comisión municipal de Movilidad.

La asociación alerta de la subida de precios que podría provocar conceder este servicio a una empresa con afán de lucro, algo que además abriría la puerta a presionar al Ayuntamiento para ampliar las plazas de pago con el único objetivo de aumentar sus beneficios a costa del ciudadano.

Para FACUA, privatizar la gestión de servicios como éste sólo puede entenderse como un reconocimiento de la incapacidad de quienes gobiernan para llevar a cabo las tareas para las que han sido elegidos por los ciudadanos.

Por ello, FACUA Sevilla espera que la propuesta sea rechazada en el Pleno municipal antes de que finalice en 2014 la vigente forma de gestión indirecta a través de la empresa mixta Aussa, participada en un 51% por el Consistorio a través de Tussam.

La asociación se cuestiona cuál es el objetivo de una medida que dejaría a Aussa sólo a cargo de la gestión de cinco aparcamientos municipales, tras la retirada de la gestión del servicio de grúas, y mermaría significativamente los ingresos de la sociedad municipal.

En lugar de medidas como ésta, la FACUA Sevilla considera prioritario que se aceleren los trámites para establecer aparcamientos gratuitos en el entorno del Casco Histórico y la mejora de la frecuencia y calidad del transporte urbano para tratar de reducir el número de vehículos que cada día acceden a esta zona de la capital.

Falta de participación ciudadana

FACUA Sevilla critica también la ausencia de participación ciudadana en la toma de decisiones en las políticas relacionadas con el tráfico y la movilidad.

Ya la pasada semana, la asociación cuestionó también la legitimidad de un organismo como el Consejo de Comercio, que en la actualidad carece de representatividad por parte de las asociaciones de consumidores y usuarios.

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