Transparencia y protección

Hay una falta absoluta de transparencia de los gobiernos en el control de irregularidades en el mercado.

La crisis política, el malestar de la ciudadanía con buena parte de las instituciones democráticas, los numerosos casos de corrupción, la creciente indignación frente a administraciones opacas y gobernantes alejados de necesidades y demandas sociales, son realidades que vienen forzando y promoviendo el debate sobre transparencia.

Tenemos administraciones y gobiernos bunkerizados que se han venido dotando de escudos burocráticos que actúan como auténticas y férreas defensas frente al derecho a la información de la ciudadanía. Tenemos servidores públicos acorazados que utilizan conceptos como seguridad jurídica o alarma social para negar el acceso a la información a los administrados.

En el ámbito de la protección de los consumidores, el acceso a determinados datos e información relevante para las relaciones de mercado es un claro ejemplo de la opacidad en la que se ha movido, y se mueve, el poder político. Y lo hace, además, desde posiciones colaboracionistas con el poder económico, en clara connivencia con el mismo.

La normativa vigente en materia de protección de los consumidores en los distintos niveles competenciales europeo, nacional y autonómico, reconoce el derecho amplio a la información de los consumidores y usuarios. Asimismo, manda a los poderes públicos para que aseguren y garanticen que éstos disponen de la información precisa para el eficaz ejercicio de sus derechos y para que dicha información sea comprensible y útil para el adecuado acceso, uso y consumo de los bienes y servicios puestos a su disposición en el mercado.

Un derecho que se extiende hacia las propias administraciones en su función de control del mismo y su actuación de inspección y sanción.

Sin embargo, existe una total y absoluta falta de transparencia de los gobiernos en el control de las irregularidades que se producen en el mercado y una enorme impunidad de las empresas que incurren en fraudes. No se informa de marcas que cometen fraudes porque afecta al funcionamiento regular de los mercados y de la economía, provoca inseguridad y genera alarma social. El famoso silencio administrativo se impone cuando preguntamos por las denuncias que se presentan ante las autoridades de consumo.

Asimismo, se nos niega la condición de interesados en procedimientos administrativos y expedientes abiertos contra grandes empresas por abusos contra los usuarios. Las organizaciones de consumidores estamos excluidas de todos los sistemas de redes de alerta de productos, tanto alimenticios como industriales, no así administraciones públicas y representantes del sector empresarial.

En una sociedad democrática la transparencia es un requisito esencial que favorece y permite el ejercicio de los derechos y el control ciudadano. El derecho a la información del consumidor implica también que la administración, a través de los datos de los que dispone, garantice la transparencia de su funcionamiento y la de los mercados.

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