FACUA rechaza que el Gobierno cofinancie el servicio universal de telecomunicaciones y reclama que lo hagan los operadores de acceso indirecto

La Federación considera inaceptable la posibilidad de que el dinero público se utilice para financiar los servicios de las empresas de telecomunicaciones.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) rechaza la posibilidad anunciada este semana por Josep Piqué en su última comparecencia como ministro de Ciencia y Tecnología de que el Gobierno cofinancie el mantenimiento del servicio universal de telecomunicaciones y reclama que lo hagan los operadores de acceso indirecto en función de su cuota de mercado.

FACUA señala que sería inaceptable que fondos de los Presupuestos Generales del Estado se utilizasen para financiar los servicios de las empresas privadas de telecomunicaciones. La Federación advierte que la política del Gobierno en el marco de la liberalización del sector está condenando a los usuarios a ser ellos quienes asuman la financiación de las infraestructuras de Telefónica para beneficio del resto de compañías que utilizan sus redes de forma parasitaria.

Asimismo, FACUA critica las declaraciones realizadas esta semana por el presidente de Telefónica de España, Julio Linares, en las que sugería la eliminación de cabinas telefónicas y que el Gobierno deje de regular la tarifa del sustituto del 1003, el 11818. La Federación advierte que las prestaciones contempladas en el servicio universal no sólo no deben reducirse, sino que han de ampliarse para, entre otras cosas, garantizar más cabinas en zonas desabastecidas y un mayor número de usuarios de rentas bajas que puedan disfrutar de descuentos en sus facturas.

Asimismo, FACUA señala que el mercado no puede abrirse sin establecer unas mínimas reglas, como la obligación del conjunto de operadores que utilizan las infraestructuras del antiguo monopolio público a aportar dinero en función de su cuota de mercado para garantizar el mantenimiento del servicio universal. De hecho, así lo prevén la Ley General de Telecomunicaciones y el propio Reglamento del Servicio Universal, sin que el Gobierno haya mostrado el más mínimo interés en desarrollar estas normas.

La Federación considera escandaloso el afán del Gobierno por que las nuevas empresas de telefonía ganen el máximo dinero posible, evitándoles la confinanciación del servicio universal o impidiendo que Telefónica baje las tarifas locales para que la competencia no tenga que hacer los mismo, entre otros ejemplos.

El servicio universal de telecomunicaciones comprende fundamentalmente el derecho de todos los usuarios a acceder a la telefonía fija en sus domicilios, la existencia de un número suficiente de cabinas en todos los municipios, la existencia de guías y un número de información telefónica (11818) con una tarifa asequible, descuentos en la cuota mensual para pensionistas de rentas bajas y prestaciones especiales para garantizar que los discapacitados puedan acceder al servicio telefónico.

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