Bajo la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

Compromiso Social para el Progreso rechaza la reforma local aprobada por el Gobierno

Organizaciones sociales andaluzas advierten de que es un ataque al municipalismo y supondrá una privatización de servicios públicos.

La plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, en la cual está integrada FACUA Andalucía, muestra su rechazo a la reforma de la administración local aprobada por el Consejo de Ministros de este viernes.

Con el nombre de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, las organizaciones integradas en la plataforma consideran que ésta pone en peligro el municipalismo.

Para Compromiso Social, con la excusa de la insuficiencia presupuestaria, los servicios públicos locales, tales como el abastecimiento y depuración de aguas o la recogida y tratamiento de residuos, podrán ser privatizados.

En rechazo a esta reforma, Compromiso Social ha elaborado un manifiesto bajo el nombre Por un municipalismo democrático y de servicio público (ver aquí) y llama a la ciudadanía a defender la autonomía local y los servicios públicos.

Para la plataforma, el proyecto de ley tiene la intención de restringir la autonomía y la democracia participativa local así como eliminar los servicios de cercanía a la ciudadanía mediante la supresión de sus competencias.

La ayuda a la dependencia, servicios sociales, guarderías y apoyo educativo, actividades culturales y deportivas, los centros de información a la mujer o la misma protección a los consumidores se verán suprimidas o reducidas a la mínima expresión.

Las organizaciones sociales ven en este ataque contra la autonomía local la pérdida de miles de empleos públicos y precarización de las condiciones laborales.

Asimismo, que los servicios se privaticen significará, según la plataforma, un aumento en las tarifas y la ausencia de canales de participación y control por parte de la ciudadanía.

Ante este cambio que quieren implantar, Compromiso Social considera que otro municipalismo es posible y pide al Gobierno trabajar para defenderlo desde la apuesta por la participación democrática, la defensa de lo público y la eficacia y transparencia de la administración local; pero que no elimine o reduzca los derechos sociales ya alcanzados por la ciudadanía.

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