La reforma eléctrica se olvida de los consumidores

Hoy podemos decir que para muchas familias la exclusión energética es una lamentable realidad.

El gobierno central ha puesto en marcha una nueva reforma eléctrica, una reforma que no sólo no avanza en proporcionar mayores niveles de protección a los consumidores finales o domésticos sino que, continuando la línea seguida hasta el momento por gobiernos anteriores, ni tan siquiera tendrá en consideración la opinión de las organizaciones de consumidores y usuarios en la nueva regulación que está desarrollando.

Han transcurrido más de 15 años desde la última Ley del Sector Eléctrico, la vigente es de 1997. Una Ley que, abrazando los principios liberalizadores fijados por la UE, abrió el sector a la libre competencia, separó actividades, creó artificialmente nuevos negocios y también se fijó como objetivos "garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho suministro y garantizar que se realice al menor coste posible, sin olvidar la protección del medio ambiente".

Hoy, los consumidores podemos decir que ninguno de los objetivos se ha conseguido. No tenemos un suministro de mayor calidad, muy al contrario la atención al consumidor se encuentra tremendamente devaluada y las inversiones se han reducido, no pagamos la luz a un menor precio sino que éste se ha encarecido muy por encima del nivel de vida de las familias, ni la sostenibilidad y protección medioambiental parecen ser prioritarias.

Es más, hoy podemos decir que para muchas familias la exclusión energética es una lamentable realidad fruto de la crisis económica, el empobrecimiento y los altos precios de la electricidad.

Tenemos un sector energético opaco, con una caótica, dispersa y confusa regulación que genera inseguridad jurídica, desequilibrio y desprotección en el consumidor doméstico, y que ha sido impulsada por gobiernos que aceleraron la liberalización y forzaron una competencia irreal, todo ello en claro perjuicio para el consumidor final que no ha visto ninguna de las ventajas prometidas.

El anteproyecto de Ley del sector, actualmente en tramitación, no mejora esta situación. Sigue construyendo sobre pilares de barro una nueva Ley que ni tan siquiera define cuál es, o debería ser, nuestro modelo energético; que no apuesta por las energías renovables y que no reconoce como principios del sistema los de universalización, accesibilidad, no discriminación y sostenibilidad.

Una nueva Ley que no recoge ni regula las necesarias obligaciones de servicio público que debería contemplar un sector que ha de atender y prestar servicios esenciales para la comunidad.

Estamos ante una nueva Ley que otra vez más sólo se preocupa por los costes del sistema y de cómo serán retribuidos a las empresas. Que se olvida, nuevamente, de garantizar a todos los ciudadanos la prestación de un servicio esencial, a un precio razonable, social y justo, con una óptima calidad y de una manera sostenible y respetuosa con el medioambiente, esto es apostando por un nuevo modelo energético sustentado en las energías renovables.

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