FACUA Andalucía critica la enorme lentitud en el trámite de los expedientes

Se cumple un año desde el anuncio de Valderas de multar a la banca por el fraude de las preferentes

El vicepresidente del Gobierno andaluz dijo en el Parlamento el 13 de septiembre de 2012 que emprendería acciones sancionadoras y judiciales.

Se cumple un año desde el anuncio de Valderas de multar a la banca por el fraude de las preferentes

Este viernes se cumple un año desde el anuncio del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, de que emprendería acciones sancionadoras y judiciales contra la banca por el fraude de las participaciones preferntes.

Como consecuencia de la denuncia presentada por FACUA Andalucía contra Cajasol CaixaBank y las de cientos de andaluces, el vicepresidente dijo en el Parlamento el 13 de septiembre de 2012 que su consejería estaba "trabajando para que esta utilización fraudulenta de los ahorros no quede impune y las aspiraciones de recuperación de estos ahorros pueda verse satisfecha".

Valderas, cuya Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales ostenta las competencias en materia de protección de los consumidores, anunció además que iniciaría, en cooperación con la Fiscalía General de Andalucía, la potestad sancionadora y de recursos ante la jurisdicción civil, con el fin de demandar la acción de cesación e indemnización por daños y perjuicios.

Un año después del anuncio del vicepresidente y 18 meses después de la denuncia presentada por FACUA Andalucía en marzo de 2012, la federación sigue reclamando que se agilice e impulse el procedimiento, se concreten qué medidas van a llevarse a cabo y pregunta cuáles van a ser las dimensiones del expediente sancionador para un caso que requiere de una multa millonaria proporcional al fraude.

FACUA Andalucía critica la enorme lentitud con la que la Secretaría General de Consumo tramita expedientes relacionados con fraudes masivos a los consumidores. Este problema, que se viene arrastrando de Gobiernos anteriores, pone de manifiesto entre otras cuestiones que la autoridad de Consumo requiere un importante aumento en sus recursos y personal.

A ello se suman las ridículas cuantías de las sanciones que se imponen, las cuáles no trascienden a la opinión pública en la inmensa mayoría de los casos.

La federación reclama transparencia en la aplicación de multas por fraudes a los consumidores y que éstas sean proporcionales a los beneficios obtenidos por las empresas al incurrrir en ellos.

Recientamente, tras las denuncias de FACUA Andalucía contra una veintena de bancos por las cláusulas suelo, que les han proporcionado beneficios de miles de millones, la Secretaría General de Consumo ha anunciado que, de imponer sanciones, éstas serían como máximo de 500.000 euros.

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