Un juzgado admite a trámite una querella contra la Comisión Sinde por prevaricación

Abre diligencias penales contra todos sus miembros por un cargo cuya pena puede alcanzar los diez años de inhabilitación.

El juzgado de instrucción de Madrid ha admitido a tramite una querella contra la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura (conocida como Comisión Sinde) y ha abierto diligencias penales contra todos sus miembros, según informa eldiario.es

Según el querellante, el abogado especializado en propiedad intelectual David Bravo, la comisión podría haber cometido irregularidades tales como no respetar el principio de prejudicialidad penal, diseñado precisamente para evitar resoluciónes contradictorias, o arbitrariedad a la hora de dictar las resoluciones.

El abogado alega que la misma comisión declaró una cosa y la contraria en casos idénticos con pocos meses de diferencia. Además, defiende el proceso era una simple formalidad estética, puesto que existe una falta de coherencia en su propio proceder al preguntar al juzgado si existía prejudicialidad penal y, no obstante, dictó resolución sin esperar respuesta.

Por todos estos motivos, Bravo presentó hace tres semanas una querella por prevaricacion contra todos los miembros de la Comisión Sinde, titulares y suplentes, incluida su presidenta, Teresa Lizaranzu

Hace unos meses, un juzgado de instrucción Madrid concluyó que el administrador de una página de enlaces no era infractor de propiedad intelectual al considerar que enlazar sin almacenar no es "comunicar publicamente".

El mismo día, la comisión Sinde había irrumpido en el proceso judicial para declarar exáctamente lo contrario -que enlazar era comunicar públicamente- a pesar de la resolución del juez.

Delito de prevaricación

El delito de prevaricacion consiste en dictar una resolucion injusta a sabiendas de su injusticia y la pena correspondiente es la inhabilitación temporal en el ejercicio del empleo o cargo público.

El artículo 404 del Código Penal dice a ese respecto que "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años".

De momento, el abogado ha solicitado que se practique una diligencia de prueba donde se solicita el expediente administrativo de la comisión para ver qué funcionario o funcionarios han participado en su redacción, una medida que ya ha sido aceptada por el juzgado.

Una vez identificadas, estas personas podrán ser imputadas por la presunta comisión del delito de prevaricación. La resolucion contra la web de enlaces también ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional.

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