El Tribunal Supremo anula la multa de 57 millones de euros impuesta por Competencia a Telefónica en 2004

Había sido sancionada por abuso de posición dominante al haber puesto trabas a solicitudes de preasignación de los usuarios.

El Tribunal Supremo ha anulado la sanción de 57 millones de euros impuesta a Telefónica en abril de 2004 por incurrir en una "conducta restrictiva" de la competencia.

Según la sentencia de la sección tercera de la sala de la contencioso administrativo, el Tribunal Supremo ha anulado la sanción de 57 millones de euros impuesta a Telefónica. Con esta sentencia, el Supremo anula la "mayor multa" impuesta por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) a una empresa en solitario.

La raíz del conflicto se remonta a 2004, cuando Telefónica lanzó una campaña publicitaria en la que presuntamente ligaba la obtención de determinados servicios suplementarios, como la identificación de llamada, a que el usuario fuera cliente de la compañía y no tuviera contratada la preselección -la realización de las llamadas de telefonía fija con un rival- con otro operador.

La Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (Astel), patronal que engloba a las principales operadoras exceptuando a Telefónica, denunció a la multinacional presidida por César Alierta por abuso de su posición dominante al vincular "la prestación de determinados servicios a la inexistencia de preasignaciones con operadores competitivos" y por realizar campañas "desleales" de publicidad que "producen confusión en el usuario y denigran a los competidores".

Con motivo de esta denuncia, el TDC impuso una multa de 57 millones de euros al exmonopolio en abril de 2004.

Telefónica recurrió y durante el trámite jurídico convenció a la Audiencia Nacional de que nunca se discriminó a ningún usuario, ya que los servicios suplementarios también podían ser contratados por clientes que tuvieran la preselección con un rival. Los demandantes alegaron que la campaña publicitaria "inducía a pensar" lo contrario y que, por lo tanto, era una conducta desleal. El 31 de enero de 2007 la multa fue anulada por la Audiencia.

Posteriormente, en julio de 2007, el Abogado del Estado presentó ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo un recurso de casación y, finalmente, seis años después de la sanción del TDC, una sentencia del Supremo avala la decisión de la Audiencia Nacional y desestima el recurso.

En concreto, la sentencia del Supremo determina que, si bien de 1999 a 2002 (tiempo en el que se desarrolló la conducta a la que se refiere el expediente) la compañía disponía de una posición de dominio en el mercado de la telefonía fija, no cabe "subsumir actos desleales (...) en la conducta abusiva de posición dominante, de forma que cualquier acto de competencia desleal llevado a cabo por una empresa en posición de dominio conlleve un abuso de la posición de dominio".

Asimismo, el fallo determina que no existe prueba de distorsión o daño grave de las condiciones de competencia en el mercado producida por actos desleales consistentes en la recuperación de cuota de mercado de la telefonía fija por Telefónica y pérdida correlativa de cuota de mercado de sus competidores.

Además, en referencia a los daños causados por la campaña publicitaria desleal, la sentencia determina que "no tiene apoyo probatorio ni en la resolución impugnada ni en el expediente administrativo".

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