El juez decreta una fianza de 1,5 millones de euros

Prisión para el ex director general de la CAM por desvío de fondos a un paraíso fiscal

El magistrado ha dictado también el ingreso en la cárcel del ex director de Empresas Daniel Gil, en este caso bajo fianza de 400.000 euros.

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha enviado a prisión al exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad, que tendrá que abonar un millón y medio de euros si quiere abandonar la cárcel.

Según informa eldiario.es, el magistrado ha dictado también el ingreso en la cárcel del ex director de Empresas Daniel Gil, en este caso bajo fianza de 400.000 euros.

Bermúdez dictó orden de trasladarlos la noche de este jueves a la prisión de Soto del Real (Madrid), donde permanecerán hasta que reúnan las cantidades impuestas.

Les imputa la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración desleal y apropiación indebida.

Ambos declararon ayer tarde ante el juez, que ordenó ayer su detención por defraudar una cantidad de "cierta relevancia" a través de un entramado de empresas hoteleras, encabezado por la sociedad Valfensal, que desvió unos beneficios de 247 millones de euros al paraíso fiscal de Curaçao.

Según explica el juez en los dos autos en los dicta el encarcelamiento, en los últimos nueve ejercicios tributarios ambos empresarios habrían estado eludiendo el pago de impuestos al situar la mayor parte de los beneficios en territorio antillano.

Como mínimo, en los ejercicios 2009, 2010 y 2011, el dinero defraudado superaría los cinco millones de euros. López Abad y Gil -"que están en los dos escalones superiores de la CAM", destaca- "han tenido desde el comienzo un papel esencial en las negociaciones relativas a la financiación de los proyectos" en connivencia con los empresarios José Salvador Baldó y Vicente Ferri.

Los dos exdirectivos acordaron que Valfensal no repartiera dividendo, para lo cual alteraban la contabilidad en perjuicio de la propia CAM y articularon "un sistema para que los empresarios obtuvieran un retorno continuo de fondos, que constituía un dividendo encubierto".

La caja concedió préstamos irregulares a la empresa hotelera por un total de 217 millones de dólares. En el año 2010, a pesar de la difícil situación en la que se encontraba la caja, se decidió suscribir un contrato de gestión entre Valfensal y la compañía Seabrezee. Esta última carecía de actividad y no tiene estructura alguna, indica el juez.

Monopolizaban la información

Los autos añaden que López Abad y Gil "monopolizaban la información sobre el grupo, de modo que la que llegaba a otros cuadros de la CAM era insuficiente o llegaba tardíamente, logrando así imponer sus decisiones sobre la participación de la caja en el capital social de Valfensal, así como sobre financiación y política de dividendos de esta sociedad".

Gómez Bermúdez fundamenta su decisión de encarcelarles en que el riesgo de fuga se ha incrementado notablemente. "Cuentan con medios económicos y relaciones con el exterior que les permitirían eludir la acción de la justicia situándose en Curaçao, país con el que no existe tratado de extradición", dicen los autos.

El juez pone, además, de manifiesto que López Abad ha cobrado una indemnización de 3,8 millones en junio de 2011 y adquirió una casa en México por un importe de 600.000 dólares americanos en 2009.

Por su parte, Gil cobró en febrero de 2011 algo más de un millón de euros. El magistrado ha dejado en libertad a otros tres detenidos que han declarado hoy: el exdirector general de Tenedora de Inversiones y Participaciones de la CAM Vicente Sánchez, el director económico de Valfensal, Francisco Climent y el ex director de la División Internacional y de Negocio hotelero de la caja César Veliz.

La operación, a cargo de la Unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se ha saldado con la detención de nueve personas.

Gómez Bermúdez continuará este viernes con los interrogatorios y tomará declaración al abogado Jaime Escrivá, empleado del despacho de abogados Garrigues y que asesoró a los implicados en la trama defraudadora para la creación de la estructura fiscal.

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