La conjura de los girapuertas

La conjura de los girapuertas
Al poco de salir del Ejecutivo de turno, se abre la puja en este indecente mercado de fichajes que los anglosajones llaman 'revolving door' (puerta giratoria). | Foto: Marcel Oosterwijk (CC BY-SA 2.0)

Un albergue de lujo o un cementerio de elefantes. Eso es lo que representan numerosas grandes empresas para expresidentes del Gobierno, exministros y ex secretarios de Estado. Al poco de salir del Ejecutivo de turno, se abre la puja en este indecente mercado de fichajes que los anglosajones llaman revolving door (puerta giratoria).

En ocasiones, las compañías los contratan como agradecimiento por los servicios prestados. Así que no hace falta que hagan grandes esfuerzos porque el trabajo por el que les pagan es fundamentalmente el que les hicieron mientras gobernaban. También hay ex altos cargos que acaban a sueldo de firmas que sólo pretenden usar sus influencias con los responsables del nuevo Gobierno para que tomen decisiones a la medida de sus intereses.

Dicen que los fines no siempre son oscuros. Supongo que sólo una mente muy sucia dudaría de que José María Aznar fue contratado por Endesa en enero de 2011 única y exclusivamente con el fin de que colaborase en temas puntuales para América Latina y gracias a su condición de abogado en ejercicio. El hecho de que estaba cantado que el PP regresaría al poder tras las elecciones era una mera casualidad. Como también que el expresidente hubiese culminado la privatización de la empresa y diseñado el modelo de liberalización que tantos miles de millones de euros ha hecho ganar al sector energético.

No sólo Endesa tiene a un expresidente. Un mes antes de lo suyo con Aznar, Gas Natural se había hecho con Felipe González. En la otra gran energética, Iberdrola, todavía no cuentan con uno. De momento se conforman con Ángel Acebes, exministro de Administraciones Públicas, de Justicia y de Interior con Aznar. En abril de 2012 lo colocaron como consejero externo y quince meses después lo ascendieron a miembro de su Comisión Ejecutiva Delegada.

Según la ley de incompatibilidades, para realizar estos fichajes hay que esperar dos años desde que el político abandone su cargo en el Gobierno. Por eso Enel tuvo que ser paciente y esperó a marzo de 2011 para contratar a Pedro Solbes, ministro de Economía y Hacienda con el primer Gobierno de Zapatero. A nadie se le ocurriría pensar que entre los motivos del fichaje estuviese que Solbes apoyó que fuera Enel la que comprara Endesa y no Gas Natural o E.On.

Pero hecha la ley, hecha la trampa. Con Elena Salgado no quisieron esperar tanto y Endesa la contrató pocos meses después de que en 2012 dejase su cargo como ministra de Economía y Hacienda y vicepresidenta en el segundo mandato de Zapatero. Para hacerlo, utilizaron la argucia de que no iba a asesorar a una empresa española, sino a una filial en el extranjero, la eléctrica chilena Enersis.

Desde finales de los años 90, los españoles hemos sufrido la privatización de empresas públicas y la liberalización de sectores económicos justificadas por nuestros gobernantes en que los precios bajarían y la calidad de los servicios aumentaría. Nuestros gobiernos han renunciado a su capacidad para regular las tarifas de las gasolinas, la electricidad, el gas, las telecomunicaciones. Y todo ello para que sus respectivos oligopolios incurran en pactos ilegales o sencillamente apliquen precios brutales a los consumidores con la tranquilidad de que la ¿competencia? hará exactamente lo mismo. Al tiempo, la legislación ha evolucionado (o más bien involucionado) para favorecer los intereses empresariales y las autoridades competentes han hecho gala de la más absoluta incompetencia al permitir todo tipo de abusos y fraudes.

La puerta giratoria que permite pasar del poder político al económico y viceversa puede resultar tan peligrosa como tener al frente de Gobierno a un grupo de hombres de negocios que conciben el país como una empresa al servicio de otras empresas. En ambos casos, servir al interés público es algo absolutamente secundario.

De esa puerta se valen quienes realmente dictan las decisiones políticas para tener legalmente a sueldo a los títeres que las aprobaron o a los que podrían hacerlo en el futuro. Porque otro de los motivos por el que las grandes compañías contratan a antiguos altos cargos es que nunca se sabe si volverán al Gobierno. Son células durmientes cómodamente alojadas en el poder empresarial, algunas de las cuales podrían ser utilizadas por éste en el futuro para engordar sus beneficios mediante una ola de atentados contra los intereses de los ciudadanos.

En 2011, el ex secretario de Estado de Economía en el segundo gobierno de Aznar renunció, entre otros, a su cargo como consejero de Endesa para fichar por una empresa donde su sueldo se reduciría en casi 300.000 euros anuales con respecto al que recibía en la eléctrica. Luis de Guindos fichaba por la marca España de Mariano Rajoy como ministro de Economía y Competitividad.

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