Comienza la obligación para las comunidades autónomas del copago de fármacos de dispensión hospitalaria

FACUA considera que los argumentos del despilfarro y la racionalización del gasto que el Ministerio de Sanidad daba no justifican una medida injusta que atenta contra la salud de muchos enfermos.

Las comunidades autónomas deben empezar a aplicar a lo largo de este mes de enero el copago de fármacos de dispensación hospitalaria para pacientes que no estén hospitalizados, aprobado por el Gobierno el pasado mes de septiembre.

Aunque entró en vigor el pasado 1 de octubre, se facilitó un plazo de tres meses para que las administraciones regionales pudieran adaptarse a esta nueva medida. Sólo Ceuta y Melilla la aplicaron tras su aprobación y el resto lo harán a lo largo de enero "con su propio criterio", según fuentes del Ministerio de Sanidad.

FACUA-Consumidores en Acción ya en septiembre denunció este nuevo ataque del Gobierno contra los enfermos no ingresados que padecen enfermedades crónicas o graves que tendrán que abonar un 10% por los medicamentos de dispensación en las farmacias hospitalarias, cuando antes estos fármacos estaban exentos de pago.

Este nuevo copago farmacéutico impuesto por el Gobierno es otro ejemplo de la crueldad del Ministerio de Sanidad con los más débiles.

La asociación critica que se continúe mermando un servicio público como es la sanidad y que se siga atacando a los enfermos y sus familias, que ven sus niveles económicos más reducidos y con tratamientos necesarios para vivir ahora más caros.

FACUA recuerda que los argumentos con los que el Ministerio de Sanidad justificaba en anteriores ocasiones el copago eran la penalización para evitar despilfarros en los tratamientos. Sin embargo, la asociación señala que tanto en este tipo de enfermos graves como en el resto, esta justificación no tiene sentido debido a que es el facultativo quien receta los medicamentos que considera necesarios para el enfermo. Por tanto, la asociación señala que es el derecho a la salud lo que se está cuestionando y los propios principios de un sistema sanitario que debe ser equitativo y solidario, así como universal y gratuito.

Según han aclarado a Europa Press, el acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud (SNS) definía que "cada comunidad autónoma tendrá su criterio al respecto (...), el criterio general fue que entrara en vigor, pero cada CCAA lo aplicará con su propio criterio".

La medida que debía haberse puesto en marcha el pasado 1 de octubre se topó con la negativa de numerosas CCAA a su implantación. Así Canarias, Andalucía, Aragón, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León y Baleares afirmaban que no la aplicarían, en muchos casos por rechazo o en otros por problemas para su implantación. Por el momento, la han recurrido mediante un contencioso administrativo Castilla y León y Andalucía, mientras País Vasco ha presentado un recurso de alzada y Canarias ha anunciado que lo recurrirá.

Por el contrario, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia y La Rioja, admitían tras el anuncio de la medida que pondrían en marcha su establecimiento al tratarse de una legislación básica estatal; el resto de comunidades manifestaban su imposibilidad inmediata de implantar dicho copago por motivos de gestión en su implantación.

Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fuentes de Sanidad señalaban a Europa Press que su puesta en marcha esta motivada por la necesidad de que todas las comunidades autónomas, "que son las que lo tienen que poner en vigor", utilicen la asignación de aportación reducida para estos fármacos, y tras comprobar que "no todos los fármacos dispensados tenían esta consideración".

Por tanto, añadían, "antes de que las CCAA lo pongan en vigor Sanidad lo que hace es asegurarse que todos los medicamentos serán de aportación reducida".

En total son 157 presentaciones farmacológicas de poco más de cuarenta y tres medicamentos destinados a procesos crónicos o graves -oncológicos, hepatitis, reproducción asistida, la artritis reumatoide o degeneración macular, entre otros -que, hasta ahora, estaban exentos de pago-.

Estos medicamentos, según Sanidad, "cumplen con las condiciones para ser considerados de aportación reducida, al tratarse de medicamentos de elección en el tratamiento de enfermedades graves o crónicas, y estando limitada su dispensación, en el ámbito del SNS, a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales".

La aportación del usuario a dichos medicamentos, que estaban exentos del copago, será de un 10% del precio del medicamento, con un máximo que se fijará teniendo en cuenta la subida del IPC en 4,26 euros, según la publicación en el BOE de 30 de diciembre de 2013. También se actualizan y sube el copago a pensionistas aplicando el IPC, el 1,5%.

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