Decisión temeraria

FACUA considera un fraude la privatización de AENA y reclama su paralización

La asociación considera que su liberalización generará un brutal incremento de las tasas aeroportuarias, al igual que ha sucedido con sectores como la electricidad, el gas y las gasolinas.

FACUA considera un fraude la privatización de AENA y reclama su paralización
FACUA considera que, de proseguir con el proceso privatizador, la calidad y seguridad del servicio público empeorará drásticamente y se incrementarán las reclamaciones de los usuarios de los aeropuertos. | Foto: Ministerio de Fomento (CC BY-NC-ND 2.0)

FACUA-Consumidores en Acción considera un fraude la privatización de AENA y reclama la paralización del proceso liberalizador.

La asociación considera que la privatización de AENA generará un brutal incremento de las tasas aeroportuarias en los próximos años, al igual que ha sucedido con la liberalización de sectores como la electricidad, el gas y las gasolinas.

FACUA advierte de que, de proseguir con el proceso privatizador, la calidad y seguridad del servicio público empeorará drásticamente y se incrementarán las reclamaciones de los usuarios de los aeropuertos.

Para FACUA, el marco regulatorio del sector aéreo que prepara el Gobierno no es más que un nuevo fraude para legitimar un proceso de privatización que en ningún caso mitigará las consecuencias del mismo, como sucede en los sectores regulados de manera meramente formal como son el energético y el de las telecomunicaciones.

Por ello, FACUA reclama al Ministerio de Fomento la paralización de la privatización de Aena al considerar esta decisión de una temeridad sin precedentes y de consecuencias incalculables, tanto para los usuarios y consumidores como para la actividad económica y turística del país.

Fomento oculta a los usuarios el impacto de la privatización

FACUA acusa a Fomento de ceder irresponsablemente la gestión del gestor aeroportuario a los intereses privados, especialmente en un momento en que la gestión pública de los aeropuertos es determinante para salir de la actual situación de crisis económica.

En ese sentido, resulta alarmante comprobar cómo el Gobierno oculta a los usuarios y los ciudadanos el impacto de esta operación en el coste, la calidad y seguridad del servicio, así como en la actividad económica.

FACUA insta a que se impulse un debate social, político e institucional sobre el modelo aeroportuario que necesitamos, en el que se ponga en valor el papel que desempeñan los aeropuertos públicos para el ejercicio del derecho a la movilidad y conectividad de los ciudadanos y en el desarrollo económico regional, el empleo, la actividad económica y el turismo.

Supresión de rutas no rentables económicamente

FACUA denuncia que la privatización hará peligrar las rutas que no sean rentables económicamente para los inversores, aunque si lo sean social y económicamente para el entorno y los ciudadanos a los que se debe garantizar la movilidad y conectividad.

Para la asociación, la gestión pública estatal y en red es la que permite mantener unos estándares mínimos de servicio y calidad homogéneos, el único modelo que garantiza la transparencia y la participación de los agentes afectados en la toma de decisiones.

FACUA considera que la no dependencia de las estrategias del mercado a la hora de prestar un servicio público es una garantía de accesibilidad, universalidad y la continuidad del servicio al margen de los ajustes coyunturales o estructurales el mercado.

Sin cargo a los Presupuestos Generales

La asociación recuerda que, a diferencia de los aeropuertos privados de Castellón, Murcia y Ciudad Real, que han demostrado su inviabilidad y que han supuesto un enorme agujero a las arcas púbicas, los aeropuertos de la red de AENA no se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sino por las tasas que abonan los usuarios de los aeropuertos.

FACUA advierte de que el funcionamiento en red permite equilibrar las cuentas de los aeropuertos deficitarios con los beneficios de los rentables económicamente, para garantizar así la prestación del servicio público de calidad, la movilidad y conectividad de los ciudadanos.

En contra, la privatización puede dar lugar a la creación de un déficit tarifario con el único objetivo de garantizar los beneficios de los inversores, que acabará perjudicando a los usuarios.

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