La Audiencia de Cantabria anula la cláusula que permitió a Telefónica cobrar la identificación de llamada

FACUA denunció a la compañía ante las administraciones competentes en agosto de 2008. En Andalucía sólo se produjo una pequeña multa.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha anulado la cláusula que permitió a Telefónica cobrar la identificación de llamada ya que, según entiende el tribunal, no ha podido acreditar que contrató el servicio con cada uno de sus clientes.

FACUA denunció a la compañía en agosto de 2008 ante varios organismos competentes en materia de telecomunicaciones y protección al consumidor. En Andalucía sólo se produjo una pequeña multa. El entonces ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, anunció una acción judicial de la que nunca más se supo.

Soria declaró que llevaría a la empresa a los tribunales si no paralizaba el cobro de la identificación de llamadas a los usuarios que no la habían solicitado. Pero no volvió a trascender nada de la hipotética denuncia del Gobierno.

Telefónica comenzó a cobrar 0,50 euros más IVA mensuales en julio de 2008 a sus clientes de fijo sin ADSL o tarifa plana de voz y en octubre de ese año extendió la facturación a todos sus abonados.

La empresa viene cobrando la identificación de llamadas incluso a clientes que no disfrutan de esta prestación porque siguen pagando a la compañía el alquiler de sus antiguos teléfonos analógicos Forma, que carecen de pantalla donde visualizar las llamadas entrantes.

FACUA valora positivamente la sentencia de la Audiencia de Cantabria, aunque critica la irresponsable pasividad de las autoridades de protección al consumidor del Gobierno central y las comunidades autonómicas.

Qué dice la sentencia

Según explica la sentencia, Telefónica ofrecía el servicio de identificación de llamadas desde 1999, y desde septiembre de 2000 lo hacía de manera gratuita. En abril de 2008 notificó a sus clientes que dejaba de ser gratuito y que tenía un coste mensual de 0,58 euros (0,50 euros más IVA).

Para cobrarlo, señala la resolución, debió haber notificado a sus clientes que dejaba de prestarlo y que quien quisiese disponer del servicio debía contratarlo expresamente.

La Audiencia de Cantabria revoca, de esta forma, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Santander, que desestimó la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal, que ejercitó acción de cesación en defensa de intereses colectivos, y a la que se sumó la Confederación de Consumidores y vecinos de Cantabria.

El debate se centraba en si el cobro del servicio a todos los clientes a partir de 2008 se trataba de una nueva contratación o de una modificación de las condiciones del contrato. Pese a que el órgano de instancia entendió que fue un cambio de las condiciones, la Audiencia lo niega.

Según la Sala, "el hecho de recibir un servicio que la entidad prestaba gratuitamente a todos los clientes no acredita una contratación expresa del servicio por el cliente".

En este sentido, señala la sentencia que Telefónica no ha aportado documento alguno que acredite que ofreció el servicio a sus clientes, comunicándoles que era gratuito de forma temporal pero en el futuro podría tener un coste.

La magistrada ponente se refiere a la legislación para la defensa de los consumidores de 2007, y recuerda que la voluntad del legislador es que el consumidor y usuario "debe dar su consentimiento de forma inequívoca al servicio que contrata". "El hecho de que se dé al consumidor y usuario un bien o servicio gratuito y el cliente no se oponga, no supone una contratación expresa del bien o servicio", señala.

Y continúa, "Telefónica no prueba que contrató dicho servicio con cada uno de los clientes de las distintas líneas, lo único que consta probado es que dio el servicio de forma gratuita a la totalidad de los clientes desde marzo de 2001 a julio de 2008".

Cláusula abusiva

La notificación realizada por Telefónica a sus clientes "supone la imposición de un servicio oneroso no solicitado", añade la resolución, que alude al artículo 89 de la Ley de consumidores que considera abusivas las cláusulas que imponen al consumidor bienes o servicios complementarios o accesorios no solicitados.

"La cláusula introducida en las facturas de los clientes, por el que les informa que a partir del 10 de junio o del 1 de octubre, según tipo de cliente, el servicio de identificación de llamada tiene un coste mensual de 0,58 euros es nula", concluye la resolución.

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