La reforma de la Administración local: un nuevo retroceso en derechos

Sostener y racionalizar son ahora sinónimos de suprimir y eliminar. Sí, y no sólo se trata de una más de las perversiones del neo-lenguaje que nos coloniza sino que las palabras dan paso a la acción y reflejan una abrumadora realidad. Esa realidad que nos lleva a un nuevo escenario en el que el consumidor estará, si cabe, aún más desprotegido.

Racionalizar y sostener la Administración local significa, con la nueva ley aprobada el 27 de diciembre pasado, suprimir competencias y eliminar derechos de la ciudadanía en el ámbito local. Es esa administración con vocación de cercanía a la ciudadanía, la que tiene un mayor conocimiento y proximidad al territorio en el que se desarrollan las relaciones de consumo, la prestación de servicios y la vertebración y participación de la sociedad civil y a la que se dirige en búsqueda de respuestas y soluciones a sus necesidades más inmediatas.

Al parecer, los consumidores hemos estado protegidos por encima de nuestras posibilidades y por demasiadas administraciones públicas a la vez. Nos protegía el Estado, nos protegían las comunidades autónomas y también los ayuntamientos y diputaciones.

La ciudadanía, duramente castigada estos años por grandes abusos y fraudes del mercado, no podía permitirse este derroche de competencias en materia de protección del consumidor. Por eso la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local suprime las competencias de los ayuntamientos para informar y formar a los consumidores, para gestionar y dar cobertura al sistema arbitral de consumo y gestionar las Juntas Arbitrales de Consumo locales, para inspeccionar y controlar el mercado en pueblos y ciudades, y para participar en la red de alerta de productos y servicios, para fomentar a las organizaciones de consumidores y usuarios de su territorio, entre otras. Competencias que además, en Andalucía, tenían y tienen el respaldo de nuestro Estatuto de Autonomía y de la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de 2003.

La reforma de la Administración Local supone un nuevo retroceso, un retroceso en derechos y en calidad democrática. Una norma que se justifica exclusivamente en el artículo 135.2 de la CE, que hace de la estabilidad presupuestaria dogma inquebrantable, que apuesta claramente por la privatización de los servicios públicos municipales, por una precarización más de las condiciones laborales y por la reducción de competencias municipales y eliminación de servicios públicos. Así, la administración más cercana al usuario pierde autonomía y capacidad de dar respuesta a las necesidades de sus vecinos en este ámbito.

La defensa de los consumidores y usuarios no se incluye ya entre las materias sobre las que los municipios ejercerán competencias propias y es que, no sé si lo habrán notado, estábamos excesivamente protegidos.

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