Al pueblo se le puede engañar una y varias veces, pero no siempre

La crisis económica provocada por la rapiña insaciable de los poderes financieros está siendo utilizada por buena parte de los gobiernos, entre ellos, y de manera destacada, por el de España para justificar recortes de derechos al conjunto de los ciudadanos en materias esenciales como la sanidad y la educación pública, así como en otras cuestiones relaciones con prestaciones sociales o derechos fundamentales.

Nuestro Gobierno viene anunciando en los últimos meses a bombo y platillo que se está saliendo de la crisis y augura que para este año comenzará a disminuir el número de trabajadores en paro. Sin embargo, no indica que la pretendida salida de la crisis se está realizando a costa de la disminución de la capacidad económica de la mayoría de los trabajadores y de los pequeños y medianos empresarios, además de propiciar una disminución progresiva de las pensiones en los próximos años y un aumento claro de la precariedad en el empleo y en los derechos laborales.

La cacareada mejora de la competitividad de nuestro país se está logrando a costa de disminuir los salarios de los trabajadores, y así lograr que las inversiones en España sean atractivas gracias a los bajos salarios y a la mayor facilidad para los despidos, tal como viene ocurriendo en otros países de África y Asia. A la vez, la disminución del paro se está propiciando a través de la salida de cientos de miles de jóvenes bien preparados que se ven obligados a buscar trabajo en Europa y en otros países emergentes.

En este proceso de recortes gubernamentales y de resistencias sociales, desde FACUA hemos celebrado que a petición de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya resuelto mantener la medida cautelar de suspensión de la denominada externalización sanitaria madrileña para evitar "perjuicios de imposible reparación", ya que a su juicio "afectaría también al interés público y a la propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid".

Una medida judicial que ha provocado que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, haya anunciado públicamente que deja sin efectos la llamada externalización sanitaria (privatización), a la vez que comunicaba la dimisión (destitución) del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, el cual ha sido sustituido por Javier Rodríguez Rodríguez, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y portavoz de Sanidad en el Parlamento madrileño.

Con este triunfo de la AFEM y de la Marea Blanca se ha producido un claro éxito de la resistencia que la sociedad española está desarrollando en defensa del Estado de bienestar. Esta situación representa un aviso al Gobierno de Rajoy de que sus medidas de recortes económicos, sociales y de derechos políticos, no sólo tendrán costes judiciales, sino que en fecha cercana podremos comprobar el coste electoral que dichas actuaciones contra la mayoría de los intereses de los españoles tendrá para el PP en las elecciones europeas. Al pueblo se le puede engañar una y varias veces, pero no se le puede engañar siempre.

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