Vulnera las leyes del sector eléctrico y de defensa de los consumidores

FACUA solicita a la Defensora del Pueblo que intervenga ante la ilegalidad de la nueva factura de la luz

La pecitión a Soledad Becerril se suma a la denuncia presentada ante el presidente de la Comisión Europea.

FACUA solicita a la Defensora del Pueblo que intervenga ante la ilegalidad de la nueva factura de la luz
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril | Foto: EFE

FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que intervenga ante la ilegalidad de la nueva factura eléctrica aprobada por el Gobierno.

La asociación ha remitido este miércoles 9 de abril una queja a la Defensora en la que le pone de manifiesto que el sistema para la fijación de las tarifas de la luz vulnera tanto la legislación del sector eléctrico como la de defensa de los consumidores.

FACUA ya denunció al Gobierno el pasado 3 de abril ante el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, dado que el modelo tarifario también incumple las directivas comunitarias sobre electricidad, derechos de los consumidores y cláusulas abusivas.

En su carta a la Defensora del Pueblo, FACUA advierte de que el caótico sistema de tarifas impuesto por el Ejecutivo vulnera tanto la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, como la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Caótico: hasta 1.440 tarifas bimestrales no informadas al usuario

El Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, plantea que las tarifas se determinarán sobre la base del precio horario del mercado diario durante el periodo al que corresponda la facturación.

Para los suministros que cuenten con los nuevos contadores digitales se aplicará una tarifa distinta en cada hora del periodo bimestral de facturación (unas 1.440 en total) siempre que las eléctricas hayan integrado estos equipos en sus sistemas de lectura a distancia, una información que ni siquiera se ha facilitado a los usuarios. Para el resto de contadores, tanto los digitales como los antiguos equipos analógicos, las tarifas se fijarán partiendo de otro método de cálculo, que tomará como referencia una tarifa diaria.

Vulnera la ley del sector eléctrico...

FACUA advierte de que el establecimiento de tarifas diferentes en función del tipo de contador y de su integración en un sistema de telegestión que ni siquiera se encuentra aún validado genera una clara discriminación entre los consumidores, a los que se les aplican condiciones diferentes. A ello se suma la falta de transparencia sobre los precios, que no son comunicados a los usuarios antes de su aplicación y resultan difícilmente entendibles para la gran mayoría.

Todo ello contraviene el artículo 44 de la 3 de la Ley del Sector Eléctrico, que establece que los usuarios tienen derecho a "ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios" (apartado 1.i).

Por otro lado, FACUA señala que la forma de cálculo del precio de la electricidad aprobada por el Gobierno de España vulnera elementos de carácter básico en materia de protección de los consumidores, ya que las tarifas varían de forma sustancial sin que las comercializadoras les remitan información al respecto con anterioridad.

...y la legislación de defensa de los consumidores

Se trata de una práctica prohibida en la Directiva 93/13/CE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. En la letra l de su Anexo, la norma advierte de que se considerarán abusivas las cláusulas que tengan por objeto "estipular que el precio de las mercancías se determine en el momento de su entrega, u otorgar al vendedor de mercancías o al proveedor de servicios el derecho a aumentar los precios, sin que en ambos casos el consumidor tenga el correspondiente derecho a rescindir el contrato si el precio final resultare muy superior al precio convenido al celebrar el contrato".

El modelo tarifario impuesto por el Gobierno de España también vulnera el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En su artículo 60.1 indica que "antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato", el proveedor "deberá facilitar de forma clara y comprensible", entre otras cosas, "sus condiciones jurídicas y económicas". Así, la empresa tendrá que informarle del "precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos" (apartado 2.c del mismo artículo).

Asimismo, el hecho de que el tipo de contador instalado y su integración en el sistema de telegestión suponga la aplicación de uno u otro sistema de tarifas y esté supeditado a la decisión de la compañía distribuidora supone otro incumplimiento del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Su artículo 85.7 considera abusivas "las cláusulas que supongan la supeditación a una condición cuya realización dependa únicamente de la voluntad del empresario para el cumplimiento de las prestaciones".

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