La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en la comercialización de electricidad

El organismo analiza las comunicaciones y los anuncios que han realizado las compañías porque podrían generar confusión entre los consumidores.

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha iniciado una investigación para analizar las comunicaciones y los anuncios "que han realizado recientemente los operadores eléctricos con el fin de influir en la decisión de los consumidores" a la hora de contratar su suministro eléctrico.

El organismo considera que estas comunicaciones y anuncios podrían ser equívocos, "con el fin de inducir a los consumidores a adoptar decisiones poco meditadas".

En este contexto, la CNMC ha solicitado información a diversas empresas activas en el mercado de referencia y a otros agentes que pudieran haberse visto afectados por las citadas conductas.

Se les aplicaría el PVPC A estos consumidores anteriormente se les aplicaba la tarifa de último recurso y actualmente se les aplicaría el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). De acuerdo con la información recabada por el organismo, estas actuaciones se habrían producido coincidiendo con el reciente cambio regulatorio para el cálculo del PVPC y su régimen de contratación.

En concreto, la CNMC se refiere a diversas informaciones publicadas en prensa, a las comunicaciones escritas a consumidores y a los anuncios públicos en medios de comunicación que han hecho estas compañías en relación con las opciones de suministro del consumidor.
La entidad que preside José María Marín Quemada considera que estas informaciones podrían ser contrarias al artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC).

En este sentido, asegura que la investigación de las prácticas que afectan directamente a la libertad de decisión de los consumidores en un bien de primera necesidad como es la energía eléctrica es una prioridad para la nueva CNMC, dada la importancia que tiene la libertad de elección como fundamento de la libre competencia.

Por ello, advierte de que en caso de que, como resultado de la información recabada, se encontrasen indicios de prácticas anticompetitivas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procedería a la incoación formal de un expediente sancionador.

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