Recortar hasta el derecho a saber el precio de la luz

El proceso de liberalización del sector eléctrico iniciado en España en los años 90 y siempre vinculado a directivas comunitarias, dicen que con la finalidad de beneficiar al consumidor, ha conllevado hasta el momento en nuestro país una subida del precio de la electricidad de casi el 80% en los últimos diez años. También ha supuesto un incremento espectacular de las quejas de los consumidores, situándose en la actualidad entre los sectores con más consultas y reclamaciones.

Igualmente la pobreza energética y la exclusión han aumentado en estos años. España es el cuarto país de la UE con más personas en situación de pobreza energética, según un informe reciente. Siete millones de españoles gastan más del 10% de sus ingresos en pagar las facturas de la luz y cuatro millones no pueden mantener sus viviendas a una temperatura adecuada en los meses de frío.

FACUA se dirigió el pasado mes de diciembre a la Europa que sentó las bases regulatorias de este proceso. Presentó una denuncia contra el Gobierno de España por no garantizar ni la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad razonable, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios.

Así se establece en la Directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, por dejar desprotegidos a los consumidores domésticos y por no adoptar medidas eficaces que garanticen el acceso a un suministro básico como es el eléctrico.

Al despropósito regulatorio emprendido en estos años por distintos gobiernos se suma ahora la nueva metodología de cálculo de los precios de la luz y su facturación, aprobada por el ministro Soria.

Los consumidores tendremos ahora tarifas diferentes en función del tipo de contador y de su integración, o no, en un sistema de telegestión que ni siquiera se encuentra aún validado y que genera una clara discriminación entre los consumidores y nos impedirá conocer realmente el precio de la electricidad antes de que nos llegue la factura.

El precio del kw/h se calculará cada hora y en base a perfiles de consumo estimados durante todo el periodo de facturación (1440 tarifas distintas).

Todo ello conforme a una fórmula matemática de cálculo de tal complejidad que el Gobierno debe habilitar una

herramienta para que posteriormente el consumidor calcule y compruebe si su facturación es correcta.

El galimatías que se ha regulado, y que aplicarán las empresas eléctricas a todos los consumidores domésticos, pone en evidencia que este sistema dista mucho de ser un sistema de precios fácil, transparente, comprensible y comparable.

La nueva factura vulnera directivas comunitarias sobre electricidad, derechos de los consumidores y cláusulas abusivas. Un caótico modelo tarifario impuesto en España por el Gobierno que ahora nos recorta hasta el derecho a saber el precio de la luz.

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