Una norma que viene reivindicando desde hace décadas

FACUA Andalucía pide acelerar el decreto que regulará la representatividad de las asociaciones de usuarios

Garantizará que sólo las organizaciones que cuenten con unas mínimas estructuras asociativas y niveles de autofinanciación puedan representar a los usuarios en órganos consultivos y arbitrajes así como recibir subvenciones públicas.

FACUA Andalucía reclama a la Junta que acelere la aprobación del decreto andaluz sobre asociaciones de consumidores, entidades cuya relevancia constitucional hace necesaria una norma específica que las regule y fije los criterios para medir su representatividad.

La norma, en fase de proyecto, garantizará que sólo las organizaciones que cuenten con unas mínimas estructuras asociativas y niveles de autofinanciación puedan representar a los usuarios en órganos consultivos y arbitrajes así como recibir subvenciones públicas.

FACUA Andalucía lleva décadas reivindicando este Decreto, junto a la realización de auditorías periódicas a las organizaciones de consumidores que reciben dinero público.

También reclama auditorías periódicas

La federación señala que Andalucía debe dar ejemplo al resto de comunidades autónomas implantando procedimientos para la concesión de subvenciones de manera que se verifiquen el número de asociados, reclamaciones e ingresos por cuotas que declaran las organizaciones de consumidores, además de auditar el estricto cumplimiento de los fines para los que se otorgan.

En la pasada legislatura, FACUA Andalucía se dirigió a todos los grupos parlamentarios para demandar una norma que contribuyese en mayor medida al desarrollo de un movimiento de consumidores adulto, no tutelado y situado en posiciones de independencia frente al poder político y al sector empresarial. Petición que volvió a formular a la Secretaría General de Consumo en este periodo de Gobierno.

El decreto por el que se regula el régimen jurídico y el registro público de asociaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía evitará que un negocio se presente como asociación de consumidores y que entidades sin representatividad real y sin un mínimo de socios mantengan estructuras a costa del dinero público.

El decreto prohibirá que las asociaciones de consumidores reciban dinero de empresas con fines de mermen su independencia, como la realización de publicidad. Tampoco podrán utilizar la misma denominación que entidades con ánimo de lucro.

Asimismo, la norma establecerá que para ser reconocidas como asociaciones de consumidores y representarles, éstas deberán cumplir unos mínimos parámetros tanto en su número de socios como en la autofinanciación a través de sus cuotas.

Socios e ingresos por cuotas

Así, las asociaciones de consumidores de ámbito provincial tendrán que contar con un mínimo de 600 socios residentes en al menos tres municipios y unos ingresos no inferiores a 7.200 euros anuales procedentes de las cuotas periódicas de estos.  Si se trata de asociaciones de ámbito local, tendrán que contar con al menos 200 socios y 2.400 euros de ingresos si el ámbito territorial supera los 20.000 habitantes, o 100 socios y 1.200 euros de ingresos si es inferior.

En cuanto a las federaciones de ámbito autonómico, deberán estar integradas por organizaciones de consumidores de al menos cinco provincias, contar con no menos de 7.500 socios e ingresos por cuotas periódicas de 90.000 euros anuales.
Para tener la consideración de federaciones de consumidores más representativas, deberán tener asociaciones en las ocho provincias y un mínimo de 15.000 socios que abonen periódicamente unas cuotas para su funcionamiento, las cuales deberán representar no menos de 180.000 euros anuales.

Las federaciones más representativas podrán formar parte del Consejo Andaluz de Consumo y sus homónimos provinciales, la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma así como del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, el máximo órgano consultivo de los consumidores. Asimismo, podrán ser parte interesada en los procedimientos administrativos sancionadores que hayan promovido en defensa de los consumidores y ejercer el derecho a participar en las políticas sectoriales que afecten directamente a sus intereses.

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