El TSJM remite a los juzgados ordinarios una denuncia contra Silva por malos tratos psicológicos a una testigo protegida

Imputan al juez Elpidio Silva por filtrar los correos de Miguel Blesa

Luis Suárez Jordana, de la seudoasociación de consumidores Ausbanc, es una de las ocho personas que pudieron ayudar a Silva a estudiar la posible utilidad o a la publicación de los correos del expresidente de Caja Madrid, según un informe policial.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha citado a declarar como imputado el 11 de junio a Elpidio José Silva por la filtración a la prensa de los correos de Miguel Blesa y le ha denunciado ante los juzgados ordinarios por un posible delito de malos tratos psicológicos a una testigo protegida.

Según recoge la agencia EFE, la instructora Susana Polo ha dictado un auto por el que llama a comparecer como testigos, a petición del fiscal, a ocho personas, varias de ellas abogados, que podrían haber sabido que el juez "tenía acceso al contenido de los correos, que estudiaron con él su posible utilidad o que le ayudaron a publicarlos".

Polo requiere además a Editorial Planeta, responsable de la publicación del libro de Silva La justicia desahuciada, la remisión al tribunal de todas y cada una de las versiones de dicho libro que el autor u otras personas por su encargo remitieron a la editorial.

Además, la editorial deberá especificar las fechas de remisión y recepción de las mismas y los destinatarios o personas que entraron en conocimiento de su contenido ya que, mantiene, hay indicios de que Silva pudo remitir las copias en octubre "a varias personas, con datos genéricos obrantes en la causa penal", antes de la publicación en prensa de los correos.

Malos tratos psicológicos a una testigo

Por último, la magistrada acuerda deducir testimonio al Juzgado Decano de Madrid de las declaraciones prestadas en la investigación del caso por una testigo protegida en relación con los malos tratos psicológicos, vulneración de derechos fundamentales y falsedad documental que el juez Silva cometió presumiblemente al margen del ejercicio de su cargo como magistrado.

En este caso, explica la juez, se trata de "conductas en sus relaciones personales", por lo que la instrucción de las mismas "excede del aforamiento" previsto en la Ley Orgánica del poder Judicial para jueces y magistrados y, por tanto, no es competencia del TSJM.

8.777 correos

La magistrada ha tomado esta decisión a instancias del Ministerio Público, que reclamó estas citaciones a raíz de que un informe policial de 22 de mayo apuntara que Silva cometió un delito de revelación de secretos por la difusión en varios medios de comunicación de los 8.777 correos corporativos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

Asimismo, el informe aludía a que los distintos testigos, entre ellos Juan Moreno Yagüe, letrado del movimiento 15MpaRato, o Luis Suárez Jordana, de la seudoasociación de consumidores Ausbanc, que ejerció la acusación en nombre de Manos Limpias en el caso Blesa, pudieron ayudarle a estudiar su "utilidad" o publicación.

En el caso de Moreno Yagüe, deberá comparecer el 13 de junio junto con Javier Gallego Rodríguez y Alba Ledo Fernández. En cuanto a Suárez Jordana, lo hará el 16 de junio, con el letrado Reinaldo López López, Juan Antonio Aliaga Méndez, Manuel Miguel Colmenero Castro y Miguel Ángel Gallardo Ortiz.

Este procedimiento tiene su origen en el otro que tiene abierto el juez en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un delito de prevaricación continuada, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso de la Administración de Justicia por su investigación al exbanquero, al que encarceló en dos ocasiones, y por el que será juzgado a partir del próximo 7 de julio.

Jesús Gavilán, instructor de esta causa, dedujo testimonio en enero ante los juzgados ordinarios y preguntó a la Fiscalía si la difusión de los correos podía suponer delitos de revelación de secretos y falta en la cadena de custodia de documentos.

A ello, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, contestó que procedía abrir un procedimiento judicial para aclarar estos hechos e identificar a los responsables, puesto que son correos "ilícitamente obtenidos", cuya mera difusión, con independencia de que formen o no parte de un procedimiento, podría tener encaje penal.

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