Indemnizaciones millonarias

La Fiscalía Anticorrupción pide tres años de cárcel para los exdirectivos de Novacaixagalicia

Reclama la devolución de 18,9 millones de euros que se asignaron en sus pensiones.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido tres años de cárcel a los exdirectivos de Novacaixagalicia por apropiación indebida, administración desleal y, alternativamente, estafa, según publica infoLibre. Además solicita que reintegren los 18,9 millones de euros que se adjudicaron en indemnizaciones cuando la entidad fue intervenida.

Los fiscales consideran autores de los citados delitos al excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso,  al director general de Caixanova, José Luis Pego,  al exdirector general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; al exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada y al abogado Ricardo Pradas, experto en derecho laboral que asesoró a la entidad.

Los motivos 

Las fiscales Concepción Nicolás y Pilar Melero imputan a Fernández Gayoso, como máximo gestor de la entidad delito de cooperador necesario, pues como máximo gestor de la entidad "le era exigible la mayor diligencia en la salvaguarda de sus intereses ya que presidía, no sólo el Consejo de Administración, sino también, la Comisión de Retribuciones y Nombramientos". El mismo delito le imputan a Pradas, como asesor del Pacto Laboral de Fusión, pues redactó "con pleno conocimiento de su carácter innovador y las mejoras que comportaban", las nuevas cláusulas de los contratos de los tres altos directivos.

En pleno proceso de fusión de Caixanova y Caixa Galicia mejoraron las condiciones laborales de cuatro altos directivos, a Pego se asignó 7,7 millones, Rodríguez Estrada 691.261 euros, Gorriarán 4,8 millones y García de Paredes 5,6 millones.

Ambas fiscales llegan a la conclusión de que los contratos fueron renovados, no sólo con mejoras salariales, sino "también con el reconocimiento de compromisos por pensiones que, para el caso de que ejercitaran la facultad de desistimiento, podría repercutir en la solvencia de la nueva entidad".

Los cambios que se incluyeron en los contratos se ocultaron a la Comisión de Retribuciones en la sesión del 18 de octubre de 2010 y más tarde al Consejo de Administración que se reunió en la misma fecha.

Además, se acordó, tras la propuesta realizada por Fernández Gayoso, que el antiguo director general de Caixa Galicia, Francisco Javier García, que tras la fusión de ambas entidades fue nombrado director general, firmara un contrato "con las mismas condiciones que los demás altos directivos de Caixanova".

En el Consejo de Administración celebrado en agosto de 2011, convocado por Fernández Gayoso, el asesor Pradas trasladó las condiciones de los contratos "de manera abstracta, sin identificar de qué directivos se trataba, sin cuantificar las indemnizaciones, sin especificar la cuantía que podría representar para la entidad el real ejercicio de la facultad de renuncia, ni las probabilidades de que los directivos hicieran uso de ella". De hecho, los importes concretos a abonar por la entidad no se conocieron detalladamente ni autorizados por el Consejo "hasta después de su pago ni tampoco por el Banco de España".

Las fiscales también resaltan que las liquidaciones que se realizaron sobrepasaron las limitaciones asumidas por la nueva entidad frente al FROB en materia de indemnizaciones. 

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