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Una sentencia ordena por primera vez devolver la vivienda ejecutada por impago a una familia

La decisión judicial se basa en que existían cláusulas abusivas en el contrato hipotecario que no pudieron alegarse.

El Juzgado de lo Mercantil nº3 de Barcelona ordenó el pasado 5 de mayo a Bankia devolver a una familia la vivienda que había perdido por impago, al declarar nulo el procedimiento de ejecución hipotecaria que se realizó al amparo de cláusulas abusivas.

La Sentencia de 5 de mayo de 2014, hecha hoy pública por la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH), primera adoptada en España de estas características, también dejó sin efecto las cláusulas de vencimiento anticipado e intereses de demora del contrato.

Esta pionera decisión judicial se fundamenta en que el procedimiento de ejecución hipotecaria dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Gavá, que provocó la pérdida de la vivienda por parte del afectado, no permitió que el juez valorase las cláusulas abusivas que existían en la hipoteca.

El procedimiento de ejecución hipotecaria no permitía al consumidor, antes de la reforma de 2013, plantear la existencia de cláusulas abusivas para evitar la pérdida de la vivienda o el recálculo de la suma debida.


Nulidad de dos cláusulas abusivas

El titular del Juzgado, el magistrado José María Fernández Seijó, determina que “cuantitativamente el retraso afecta a un porcentaje muy reducido de los compromisos económicos y la demora de 5 mensualidades tampoco puede considerarse grave si se tiene en cuenta que los prestatarios proyectaban pagar en 30 años y además que los impagos se producen en un contexto económico del país extremadamente grave”.

La Sentencia “declara la nulidad por abusiva de la condición general establecida en la cláusula sexta bis, vencimiento anticipado” así como “referida al interés de demora por estipularse la capitalización de los intereses moratorios vencidos al capital pendiente. Se declara la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria”.

La Sentencia “declara el derecho de (...) a recuperar la propiedad y la posesión del inmueble que fue objeto de subasta”.

El juez Fernández Seijó sigue así a la Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso AZIZ, que en su sentencia del 14 de marzo de 2013 declaró ilegal el procedimiento de ejecución hipotecaria español, por vulnerar la Directiva 93/2013 sobre protección de los consumidores. 

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