FACUA se suma a la petición de libertad para Carmen y Carlos y denuncia la persecución de las protestas

La organización considera que se está criminalizando la movilización ciudadana con condenas como la de estos dos manifestantes y reclama que no entren en prisión.

FACUA se suma a la petición de libertad para Carmen y Carlos y denuncia la persecución de las protestas
Olga Ruiz, secretaria general de FACUA.

FACUA-Consumidores en Acción pide que no se encarcele a Carmen Bajo y Carlos Cano, los dos ciudadanos condenados a tres años y un día de prisión por participar en un piquete informativo durante la huelga general de 2012 en Granada.

La asociación se suma públicamente a la solicitud de la plataforma ciudadana por la suspensión de la condena presentada ante el Juzgado Penal Número 1 de dicha localidad, que emitió la sentencia, ratificada por la Audiencia Provincial de Granada.

Paco Sánchez Legrán, presidente de FACUA

FACUA considera que sentencias como esta sólo pretenden desmovilizar a los ciudadanos y criminalizar su legítimo derecho a la protesta, por lo que se une a las peticiones de suspensión. En este caso, el juez no ha otorgado los habituales quince días de ingreso voluntario en prisión, una medida que redunda en la dureza empleada para juzgar los supuestos hechos. Tampoco se ha permitido a la condenada, Carmen Bajo, hacerse cargo del pago de los poco más de 700 euros en los que se han valorado los daños denunciados por la denunciante, provocados por pintadas con espray y pegatinas, como pago por la supuesta infracción.

Además de desproporcionada por la distancia entre el presunto delito y la condena final, la sentencia tiene como base única el testimonio de la denunciante, la propietaria de uno de los comercios por los que pasó el piquete informativo del que formaban parte Carmen y Carlos el día de la huelga.

Rubén Sánchez, portavoz de FACUA

FACUA considera que decisiones judiciales de este tipo que buscan erróneamente la ejemplaridad lo que provoca es aumentar el intento de criminalización, de parte del Gobierno, de las movilizaciones de los ciudadanos de tal manera que se limiten los derechos civiles.

Además de la condena a Carmen y Carlos, en la actualidad hay alrededor de 55 procedimientos abiertos con alrededor de doscientas personas implicadas por participar en piquetes y protestas durante huelgas. Desde 2013, según este diario, alrededor de mil manifestantes han sido sancionados con multas de hasta 6.000 euros, la mayor parte en Andalucía.

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