El nuevo articulado equipara manifestaciones espontáneas a las prohibidas

FACUA denuncia la persecución de la protesta social con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana

El anteproyecto de ley aprobado este viernes en Consejo de Ministros permite una mayor discrecionalidad y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad, aumenta los comportamientos punibles y las cantidades de las multas. Castiga acciones como las protestas ciudadanas espontáneas o el intento de impedir desahucios.

FACUA denuncia la persecución de la protesta social con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana
El intento de paralizar pacíficamente un desahucio puede ser multado hasta con 30.000 euros | Imagen: Hispantv (CC BY-NC 3.0 ES)

FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana aprobado este viernes en Consejo de Ministros no refuerza la seguridad sino la inseguridad ciudadana y recorta y persigue el legítimo derecho de protesta a través del aumento de los comportamientos sancionables y las cantidades de las multas. La organización recuerda que el derecho de reunión y manifestación es un derecho fundamental recogido en la Constitución española.

La asociación considera del todo excesivas las medidas incluidas en dicho anteproyecto de ley, que ahora tendrá que ser validado por el Parlamento. El nuevo articulado incluye equiparar las protestas no comunicadas, algo que puede deberse al incumplimiento de un requisito meramente formal, como pueden ser las que se generan de manera espontánea, con las manifestaciones prohibidas por las delegaciones de  Gobierno.

En la práctica, la nueva ley otorga mayor discrecionalidad a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, dado que se amplían las medidas de seguridad extraordinarias que se pueden adoptar, incluso mediante órdenes verbales, entre las que pueden estar la prohibición del paso por un determinado lugar de la vía pública. También se les permite decidir, con la simple discrecionalidad de sus percepciones, en el momento de su actuación, determinadas actuaciones como la retención de personas o los registros corporales externos.

La organización considera, además, que la terminología utilizada para definir casos en los que se permite la actuación de las fuerzas de seguridad es deliberadamente ambigua, lo que genera una clara inseguridad jurídica para los ciudadanos. Se utilizan conceptos indefinidos, como "indicios racionales" o "funciones de indagación y prevención", "elementos susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana", etc.

Más multas y más caras

La organización considera inaceptable que se persiga el derecho a la protesta, tanto a través del aumento de comportamientos punibles y de las multas que se podrán imponer a dichos comportamientos como de la extensión del concepto de reincidencia, sobre todo en el caso de las infracciones.

FACUA considera que este cambio normativo no pretende, como se enuncia, garantizar la seguridad ciudadana, sino gravar conductas que están recogidas en el marco de la Constitución y cuyo ejercicio por parte de los ciudadanos son una parte fundamental de la democracia.

La nueva ley establece que las acciones que se consideran "graves", que puede ser multada hasta con 30.000 euros, crecen de manera considerada, castigando comportamientos como la desobediencia o resistencia a la autoridad, aunque esta se haga de manera pacífica, cuando las fuerzas de seguridad estén ejerciendo sus funciones. Esto, en la práctica, significa que se pueda multar con 30.000 euros el intento pacífico de paralización de un desahucio.

También en esta categoría se clasifican las concentraciones frente al Congreso de los Diputados, el Senado o los parlamentos autonómicos, incluso en el caso de que no haya actividad parlamentaria en el momento de la reunión, que se considera "grave" cuando "se perturba gravemente el orden público".

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