Pide a la Defensora del Pueblo que la recurra ante el Tribunal Constitucional

La Peccem denuncia por inconstitucional la Ley General de Telecomunicaciones

FACUA Castilla y León se suma a la reclamación como parte de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética. La nueva norma obvia los potenciales problemas de salud que puede causar un despliegue masivo de las redes para el uso del espectro radioeléctrico.

La Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (Peccem), de la que forma parte FACUA Castilla y León, ha pedido a la Defensora del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, de 9 de mayo, por no respetar el principio de precaución ni tomar medidas en este sentido, así como por anteponer el impulso del negocio de las operadoras y la búsqueda de beneficio económico a la salud de los ciudadanos.

La Peccem denuncia en su escrito que la ley se ha aprobado "con el fin declarado de facilitar la prestación de servicios por parte de los operadores", sin considerar, por tanto, los problemas de salud que un despliegue masivo de redes puede producir en los ciudadanos. Olvida así la previsión constitucional de que los poderes públicos "adopten las medidas adecuadas para garantizar el derecho a la salud o a un medio ambiente adecuado".

Por otro lado, "el parlamento español ha aprobado una ley sin debatir, valorar y verificar si los niveles de emisiones de ondas electromagnéticas por el uso del espectro radioeléctrico son tolerables y si dichos niveles de emisión, pueden suponer un peligro para la salud y el medio ambiente", argumenta la Peccem en el documento presentado ante la Defensora del Pueblo.

En este sentido, exponen, "esta Ley no aborda, incluso impide, la regulación y control, por parte de las administraciones cercanas a los ciudadanos, de la exposición a campos electromagnéticos que puede tener una incidencia sobre la salud". La norma no tiene en cuenta los daños producidos, "ni prevé evitar, reparar o compensar" los potenciales daños causados sobre la ciudadanía, algo que queda recogido  en la ley "de manera vaga e imprecisa". Tampoco determina "quién es el responsable final de los daños causados en función de si la actividad es de interés general, servicio público o acto mercantil".

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