La sanción ha sido impuesta por la Autoridad Catalana de Protección de Datos

Multa de 5.000 euros a Aguas de Barcelona tras la denuncia de un socio de FACUA ante Protección de Datos

La oficina virtual de la compañía puso al descubierto la información personal de Antonio Ruiz Gutiérrez, atribuyéndole además en su zona de cliente la titularidad de un segundo contrato de suministro desconocido.

Multa de 5.000 euros a Aguas de Barcelona tras la denuncia de un socio de FACUA ante Protección de Datos

La Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar) acaba de ser multada con 5.000 euros por la Autoridad Catalana de Protección de Datos (Autotirat Catalana de Protecció de Dades), sanción impuesta después de que la empresa suministradora de agua de la Ciudad Condal y los municipios de su área metropolitana fuera denunciada por FACUA en representación de Antonio Ruiz Gutiérrez, socio de la organización.

El afectado, natural de Hospitalet de Llobregat, decidió darse de alta en febrero de 2013 como usuario de la oficina virtual con la que la compañía Agbar cuenta en su página web para que sus clientes puedan consultar sus facturas en línea, tener acceso a los datos personales y de su contrato de acometida, así como para recibir información promocional.

En una de las primera veces que hizo uso del servicio en red, el asociado descubrió con sorpresa que en su área de cliente además de las facturas del contrato con su nombre, apellidos, documento nacional de identidad, domicilio y número de cuenta bancaria también aparecía otro campo de facturación correspondiente a otro contrato con domicilio en la localidad de Sant Adrià de Besòs y cuenta bancaria desconocidos, pero en el que igualmente figuraba como titular el propio denunciante, con su mismo nombre, apellidos y documento nacional de identidad.

"Era imposible que aparecieran dos suministros a mi nombre, porque yo sólo poseo una vivienda en Barcelona y ninguna en el municipio de Sant Adrià de Besòs", recuerda Antonio, quien añade: "En un primer momento me preocupé de que alguien pudiera haberse dado de alta en otro suministro utilizando mis datos, pero además, de no ser así, también me pareció intolerable que de la misma forma que yo podía tener acceso a las facturas, domicilio y cuenta bancaria de otra persona, ella también tuviera acceso a esa información personal de mí".

En vista de ello no dudó en ponerse inmediatamente en contacto con el servicio de atención al cliente de la concesionaria, una atención telefónica que no dejó satisfecho al afectado, pues pasaron los días y ambos suministros seguían apareciendo a su nombre en internet.

Fue entonces cuando Antonio decidió poner el caso en manos de FACUA, cuyo gabinete jurídico remitió un escrito a Agbar exigiéndole la exclusión de los datos del representado del contrato del suministro de la vivienda de Sant Adrià de Besòs de forma inmediata e informándole de que ante la gravedad de los hechos se había puesto el caso en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Apenas un mes más tarde, desde Aguas de Barcelona se confirmó por escrito la solución del problema, pidiendo disculpas al asociado por el error técnico cometido y prometiendo esclarecer lo sucedido en relación a la titularidad del contrato correspondiente al suministro del otro inmueble.

Petición de certificado

Semanas después, y a solicitud de FACUA, la empresa también envió a Antonio un certificado de lo ya comunicado con anterioridad. "Ya no me fiaba y por eso preferí quedarme tranquilo teniendo un documento de garantías que dejase claro que yo no tenía nada que ver con ese contrato. Como desde el principio, en cuanto FACUA se lo reclamó, ellos me lo mandaron sin poner ningún problema", explica el socio.

En paralelo, en noviembre la Agencia Española de Protección de Datos transfirió por remisión de competencias la denuncia de FACUA a la L´Autoritat Catalana de Protecció de Dades, quien se hizo cargo de inspeccionar a la Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. para esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados y sus sujetos responsables.

Investigado el presunto incumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, finalmente el pasado 18 de julio de 2014 fue hecho público el procedimiento sancionador, con resolución poniéndole fin al mismo con una multa de 5.000 euros.

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