FACUA advierte que la liberalización de las eléctricas podría traer una reducción en la calidad del servicio

Los usuarios domésticos pagan por la electricidad casi cinco veces más que los grandes consumidores.

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) publica en el último número de su revista, Consumerismo, un informe sobre la liberalización del sector eléctrico en el que señala los riesgos que este proceso podría comportar para los usuarios domésticos.

FACUA señala que, a pesar de que la lectura optimista de la liberalización insiste sobre la capacidad que tendrán los usuarios de escoger suministradora, la realidad puede dejar al descubierto que los consumidores domésticos carecerán de poder de negociación ante las comercializadoras. El colectivo de los grandes consumidores será el que realmente posea este poder debido a las grandes cantidades expresadas en su factura eléctrica, y será el que reciba las mejores ofertas en cuanto a precios, resultando los verdaderos beneficiados por el proceso.

La Federación señala asimismo que un importante riesgo de la liberalización es que las comercializadoras de energía eléctrica disminuyan la calidad del servicio que ofrecen a sus clientes, al margen de cómo pueda verse afectada la calidad del suministro, en su afán por resultar competitivas y garantizar su cuota de mercado.

Hasta el momento, los consumidores domésticos no han resultado favorecidos por el proceso de liberalización, que culminará en el año 2007 cuando todos los consumidores deban elegir suministradora, ya que pagan el kilowatio hora a unas 17,9 pesetas mientras que los grandes consumidores lo hacen a unas 3,66. Esta situación provoca una subvención encubierta de los consumidores domésticos hacia las grandes industrias, pagando aquéllos lo que éstas dejan de pagar e impidiendo que el precio de la electricidad doméstica disminuya aún más.

Por otra parte, FACUA señala que la factura que los consumidores reciben periódicamente en sus hogares incluye una serie de conceptos desconocidos para la mayoría de ellos y que no aparecen reflejados directamente. Se trata de la moratoria nuclear, la compra de carbón autóctono y los Costes de Transición a la Competencia o CTCs. El primero de ellos consiste en unas compensaciones que el Gobierno fijó para los titulares de los proyectos de construcción de tres centrales nucleares paralizados en la Ley 54/97 y que se repercuten en la factura de los usuarios. Igualmente, la factura de la electricidad de los consumidores incluye unos incentivos a los titulares de las instalaciones productoras de energía eléctrica para que consuman carbón procedente de España, cuyos costes superan a los de otros países, hasta cubrir las cantidades fijadas anualmente por el ministerio de Industria y Energía.

FACUA advierte que los consumidores deberán hacer frente en su factura, durante quince años contados a partir del 1 de enero de 1998, a los 1,3 billones de pesetas que el Gobierno pactó con las eléctricas en septiembre de 1998 como compensación por el coste que les supone la transición al régimen de mercado competitivo, los conocidos como CTCs, suponiendo el 4,5% de la factura. La Federación considera que la aplicación de estos cargos a los consumidores implica que aún hay margen suficiente para que las tarifas eléctricas se reduzcan en mayor medida de lo que lo hacen, así como la competencia real entre los generadores españoles y entre éstos y los europeos y el incremento del número de interconexiones para abastecer la demanda de los usuarios.

FACUA señala en su informe la doble problemática que atañe a los contadores de electricidad. Por un lado, la Federación ha iniciado actuaciones con el objetivo de aclarar el presunto fraude a los usuarios mediante el cobro de un alquiler de contadores muy superior al establecido en el Real Decreto que regula la póliza de abono, lo que supondría unos ingresos de decenas de miles de millones que las eléctricas se han embolsado con el consentimiento del Gobierno.

Por otra parte, FACUA pone en duda el correcto funcionamiento de los contadores de electricidad, ya que la vida de los mismos se alarga entre quince y veinte años según su tipo, pudiendo provocar deficiencias en la medida del consumo que efectúan y agrediendo los intereses del consumidor. Teniendo en cuenta que son más de tres millones de contadores los que pueden encontrarse en esta situación, la Federación considera imprescindible la renovación del parque de contadores y la regulación del control sobre la correcta medición de los mismos.

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