Por qué un nuevo Registro de Asociaciones de Consumidores en Andalucía

El Gobierno andaluz se encuentra tramitando un nuevo Decreto que regulará el Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en nuestra comunidad autónoma. Tarea necesaria veintiocho años después de la primera norma que lo hizo y tras la Ley de Asociaciones de 2002 y la norma andaluza de protección de los consumidores y usuarios de 2003.

Las asociaciones de consumidores y usuarios estamos reconocidas como organizaciones de relevancia constitucional, existiendo un mandato expreso a los poderes públicos de apoyo a este colectivo, y de fomento del asociacionismo, tanto en nuestra Constitución como en el Estatuto de Andalucía.

La Ley de Asociaciones de 2002 reconoció dicho estatus y remitió a su legislación específica la regulación de estas asociaciones, al igual que lo hizo con partidos políticos, sindicatos u organizaciones empresariales, entre otras.

Este reconocimiento legal no es baladí. El movimiento asociativo consumerista está llamado a jugar un papel clave y fundamental en la consecución de un mayor equilibrio en las relaciones de consumo.

La vertebración de la sociedad civil en torno a auténticas asociaciones de consumidores, que actúen y ejerzan de contrapoder y tengan fuerza suficiente para enfrentarse a los fraudes y abusos del mercado, debiera ser uno de los objetivos de la regulación de estas asociaciones.

En este sentido, la nueva normativa del registro de Andalucía ha de coadyuvar al cumplimiento de este objetivo. La regulación de las asociaciones de consumidores y usuarios y el reconocimiento de su existencia, de los beneficios asociados a su inscripción registral y a su nivel de representatividad, debiera ser un instrumento útil y eficaz al servicio de una mayor y mejor protección de los consumidores y usuarios; pero también, un elemento para construir y consolidar una sociedad civil organizada y concienciada en la defensa de sus derechos.

Este registro, mejor regulado y más controlado, debe contribuir a fortalecer a las asociaciones de consumidores y usuarios representativas y con base social que puedan actuar como agentes
con capacidad de intervención en el mercado; garantizando su participación en la toma de decisiones, seguimiento y control de las políticas públicas y sobre todas aquellas materias que puedan afectar a los usuarios andaluces.

Un nuevo registro debe aportar mayor claridad y transparencia, en un ámbito que es propicio a ser ocupado por falsas organizaciones, por negocios jurídicos o por sucedáneos al servicio de intereses económicos y/o políticos, sin base afiliativa alguna.

Acometer una nueva regulación del Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de
Andalucía era y es necesario para revisar, actualizar y ser más exigentes con los requisitos para el acceso al mismo. Porque la defensa de los consumidores precisa de una sociedad activa y organizada, una sociedad estructurada y comprometida con los retos que hoy tenemos por delante, entre ellos, enfrentarnos a poderosos mercados globalizados y desregulados y gobiernos que no actúan frente a los abusos.

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