FACUA considera escandaloso que Defensa de la Competencia no sancione a los operadores de telefonía que estafan a los usuarios falsificando solicitudes de preasignación

El Tribunal ha multado a Telefónica con 57 millones de euros por abuso de posición dominante al haber puesto trabas a solicitudes de preasignación.

Ante la multa de 57 millones de euros impuesta a Telefónica por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) por abuso de posición dominante al haber puesto trabas a solicitudes de preasignación de los usuarios, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) respeta la decisión si se han verificado los hechos denunciados por la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (ASTEL) pero considera escandalosa la negativa del TDC a multar a otros operadores por irregularidades cometidas en contratos de preasignación.

El TDC decidió el pasado diciembre desestimar un recurso presentado por Telefónica relativo a una denuncia contra Auna (antes Retevisión) y Uni2 pese a considerar tales irregularidades "deplorables desde el punto de visto humano", argumentando que "no han producido perjuicio grave a la competencia" al no restarle una cuota de mercado considerable y obviando el grave perjuicio causado a los derechos de los consumidores así como hechos de extrema gravedad como la falsificación de firmas para simular solicitudes de preasignación.

Desde finales de 2001, FACUA viene recibiendo denuncias desde toda España de usuarios que ponen de manifiesto el secuestro de líneas por parte de Auna, a través de la manipulación de contratos incluyendo incluso firmas falsas para dar de alta a clientes de Telefónica en el servicio de preasignación, mediante el cual todas sus llamadas son facturadas por Auna sin necesidad de que marquen su prefijo de acceso indirecto.

Los afectados no sólo pagan sus llamadas a un operador que no desean, con las consiguientes diferencias tarifarias, sino que incluso pueden estar abonando doblemente las mismas si tienen contratados determinados planes con Telefónica. Además, cuando se niegan a pagar, Auna les amenaza con cortarles la línea y darlos de alta en registros de morosos.

FACUA denuncia la pasividad mantenida por el Gobierno ante estas graves irregularidades. De hecho, el Ejecutivo tiene una parte importante de responsabilidad en el asunto ya que los hechos se producen desde que, en julio de ese año, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) emitió la Circular 1/2001, de 21 de junio, que prohíbe al operador de acceso (generalmente Telefónica) comprobar la veracidad de cada una de las preasignaciones solicitadas por cualquier compañía.

Es decir, cualquier operador puede literalmente inventarse que un cliente ha decidido preasignarse con él sin que Telefónica (o la compañía con la que esté preasignado en ese momento) pueda exigir pruebas de ello. El operador que pierde el cliente sólo puede comprobar la veracidad del 5% de las solicitudes de preasignación, lo que permitiría la existencia de irregularidades en un importante porcentaje de los casos.

Tras la información remitida por FACUA a los grupos parlamentarios sobre este asunto, la situación fue debatida en el Congreso, pero el grupo popular rechazó la petición de modificar la normativa que regula las preasignaciones.

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