FACUA demanda al futuro Gobierno que modifique la normativa que regula las preasignaciones telefónicas para acabar con las estafas a los usuarios

Desde 2001, usuarios de toda España vienen denunciando el secuestro de líneas por parte de Auna, que ha llegado a falsificar firmas para simular solicitudes de alta en el servicio de marcación directa, y, en menor medida, Uni2.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda al futuro Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que modifique la normativa que regula las preasignaciones telefónicas para acabar con las estafas que vienen produciéndose en el sector desde finales de 2001.

Desde finales de 2001, FACUA viene recibiendo denuncias desde toda España de usuarios que ponen de manifiesto el secuestro de líneas por parte de Auna (antes Retevisión) y, en menor medida, Uni2, a través de la manipulación de contratos e incluyendo incluso en el caso de la primera empresa firmas falsas para dar de alta a clientes de Telefónica en el servicio de preasignación o marcación directa, mediante el cual todas sus llamadas son facturadas por Auna sin necesidad de que marquen su prefijo de acceso indirecto.

FACUA espera que el próximo Gobierno sea coherente con los criterios mantenidos por el PSOE en la última legislatura, cuando apoyó en el Congreso la reivindicación de la Federación sobre la necesidad de modificar la Circular que regula los procedimientos para dar de alta las preasignaciones. Un cambio normativo que no salió adelante debido al rechazo del grupo popular.

Los afectados por las irregularidades denunciadas por FACUA, conocidas como slamming, no sólo pagan sus llamadas a un operador que no desean, con las consiguientes diferencias tarifarias, sino que incluso pueden estar abonando doblemente las mismas si tienen contratados determinados planes con Telefónica. Además, cuando se niegan a pagar, Auna les amenaza con cortarles la línea y darlos de alta en registros de morosos.

Qué dice la normativa

FACUA denuncia la pasividad que ha mantenido el Gobierno de José María Aznar ante estas graves irregularidades. De hecho, el Ejecutivo tiene una parte importante de responsabilidad en el asunto ya que los hechos se producen desde que, en julio de 2001, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) emitió la Circular 1/2001, de 21 de junio, que prohíbe al operador de acceso (generalmente Telefónica) comprobar la veracidad de cada una de las preasignaciones solicitadas por cualquier compañía.

Es decir, cualquier operador puede literalmente inventarse que un cliente ha decidido preasignarse con él sin que Telefónica (o la compañía con la que esté preasignado en ese momento) pueda exigir pruebas de ello. El operador que pierde el cliente sólo puede comprobar la veracidad del 5% de las solicitudes de preasignación, lo que permitiría la existencia de irregularidades en un importante porcentaje de los casos.

Las irregularidades "promueven la competencia"

El Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía emitió una resolución a raíz de una denuncia presentada por Telefónica contra Auna y Uni2 donde no sólo rehusó tomar cartas en el asunto, sino que planteó que las irregularidades en las preasignaciones telefónicas "no afectan al interés público" y "promueven la competencia" en el sector.

Aunque la cifra de usuarios víctimas del fraude en las preasignaciones es prácticamente imposible de definir, la resolución del Servicio de Defensa de la Competencia llegaba al extremo de indicar que, aunque ésta alcanzara el 10% de los clientes de Telefónica, no sería relevante en comparación con el número total de abonados. Asimismo, indica que "los usuarios se percatan de manera rápida de la supuesta estafa e inmediatamente solicitan el restablecimiento de los servicios que le venía prestando Telefónica, por lo que el Servicio estima que su capacidad de elección se ve momentáneamente alterada y, en este sentido, no se estaría produciendo una alteración del 'orden público económico'". El caso está actualmente en manos del Tribunal de Defensa de la Competencia.

Por su parte, el Tribunal de Defensa de la Competencia decidió en diciembre de 2003 desestimar un recurso presentado por Telefónica contra dicha resolución pese a considerar las irregularidades "deplorables desde el punto de visto humano", argumentando que "no han producido perjuicio grave a la competencia" al no restarle una cuota de mercado considerable y obviando el grave perjuicio causado a los derechos de los consumidores así como hechos de extrema gravedad como la falsificación de firmas para simular solicitudes de preasignación.

Denuncia ante la Fiscalía

En noviembre de 2003, FACUA denunció a Auna ante la Fiscalía de Sevilla por un presunto de delito de falsificación de documento privado. El operador de telecomunicaciones falsificó la firma de un socio de FACUA fallecido hacía cuatro años, para dar de alta un contrato de preasignación. Pese a que su viuda contactó telefónicamente con Auna para denunciar la irregularidad tras recibir la primera factura, un mes después la empresa le envió una carta amenazándola con cortar la línea e incluir al titular en un registro de morosos si no pagaba las facturas pendientes. La compañía remitió a la afectada una fotocopia del contrato de preasignación con la firma de su marido falsificada.

Qué es una preasignación

Cuando un usuario contrata los servicios de un operador de telefonía, debe realizar sus llamadas a través de éste marcando un prefijo, salvo en el caso de los operadores de cable, que utilizan sus propias redes, distintas a las de Telefónica.

Pero los consumidores también pueden contratar el servicio de marcación directa o preasignación, con el cual todas sus llamadas pasan por la compañía que elija sin necesidad de teclear su prefijo de acceso indirecto.

A partir de ese momento, si quiere realizar una llamada con su antiguo operador (Telefónica u otro con el que se hubiese preasignado con anterioridad), tendrá que hacerlo marcando el prefijo correspondiente a la compañía en cuestión.

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