En Pozuelo de Alarcón

La Policía desmantela un chiringuito financiero que estafó 8 millones de euros a más de mil pesonas

Hacía creer que poseía la autorización de la CNMV y cobraba a sus víctimas una elevada comisión que no se llegaba a compensar con las ganancias obtenidas, en caso de que las hubiera.

La Policía Nacional ha detenido a diecisiete personas y desmantelado un chiringuito financiero que estafó cerca de 8 millones de euros a más de mil personas, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid a través de un comunicado.

Ofrecían asesoramiento a sus objetivos y les cobraban una elevada comisión que no se llegaba a compensar con las ganancias obtenidas, en caso de que las hubiera. El entramado delictivo operaba bajo un nombre corporativo que inducía a confusión a las víctimas y les hacía creer que poseían autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para prestar este tipo de servicios.

La oficina desde la que se realizaban los fraudes estaba ubicada en Pozuelo de Alarcón, aunque cambiaban periódicamente de emplazamiento para evitar ser detectados. Entre los detenidos se encuentran los cuatro máximos dirigentes y los responsables de contactar con las víctimas y ofrecerles los servicios financieros.

La investigación comenzó a finales de marzo, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un grupo criminal se dedicaba a la comisión masiva de fraudes en el ámbito de las inversiones. Realizaban, bajo la apariencia de inversiones en productos financieros y/o mercados bursátiles, los conocidos como fraudes tipo boiler room o chiringuito financiero.

Las primeras pesquisas comenzaron a raíz de una denuncia de un ciudadano español, que manifestó haber sido víctima de este grupo criminal causándole un perjuicio económico de 50.000 euros. Posteriormente, se tuvo conocimiento de la existencia de otra víctima española a la que habían defraudado 63.000 euros.

Cómo actuaban

El modus operandi de este entramado consistía en ofrecer asesoramiento financiero a futuros clientes para que adquiriesen por sí mismos una serie de activos financieros. Les cobraban por ese asesoramiento una elevada comisión que no se llegaba a compensar con las ganancias obtenidas y que debían abonar aunque la recomendación generase pérdidas.

En todo momento el contacto telefónico era continuo y agresivo con la finalidad que las víctimas realizasen nuevas inversiones. Después de un primer contacto, y cuando el operador inicial se había ganado la confianza del cliente, le presentaban a un bróker especializado en inversiones de mayor cuantía con supuesta información privilegiada.

Esta persona persuadía a las víctimas para que invirtiesen en un fondo de inversión común que iba a generar cuantiosos beneficios y por el que debían realizar una transferencia. Una vez realizada la transacción les informaban de que ese ingreso, que en ocasiones llegaba a ascender hasta 25.000 euros, era en concepto de honorarios. Finalmente el bróker instaba al cliente a comprar determinados valores financieros con los que difícilmente podría recuperar los gastos de comisión pagados.

Los miembros del grupo criminal obligaban a las víctimas a abrir una cuenta en la entidad financiera con la que ellos operaban, con la finalidad de que las transferencias fuesen efectivas desde el momento en que se efectuaban y no se pudiesen retrotraer por los perjudicados.

Tras varias pesquisas los agentes lograron localizar la oficina desde la que se realizaban los fraudes y llevaron a cabo un dispositivo operativo que culminó con diecisiete detenciones, entre las que se encuentran las de los cuatro máximos dirigentes. También se arrestó al resto de integrantes, encargados de contactar con las víctimas y ofrecerles los servicios financieros.

En el registro efectuado en el establecimiento, los agentes se incautaron de numerosa documentación utilizada para la ejecución del fraude, como contratos de las sociedades utilizadas y listados de personas contactadas, y seis ordenadores.

La operación, que continúa abierta y con gestiones para localizar a nuevas víctimas, ha sido llevada a cabo por el Grupo II de la Sección de Fraude Financiero de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía.

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