El Defensor del Pueblo de Cataluña pide paralizar la indemnización del almacén Castor

El Estado abonará 1.350 millones de euros a la propietaria el día 14 y repercutirá la indemnización en la factura de los consumidores durante 30 años.

El Defensor del Pueblo de Cataluña (Síndic de Greuges), Rafael Ribó, ha urgido a la Defensora del Pueblo y al Govern a pedir la suspensión cautelar del artículo del real decreto ley que permite indemnizar a la empresa concesionaria del almacén de gas Castor con 1.350 millones de euros, que deben abonarse el 14 de noviembre.

En rueda de prensa tras presentar su informe sobre el caso al Parlament, también ha instado al Govern y al Parlament a que recurran la norma, y ha solicitado al Gobierno central que priorice el pago a los afectados por los daños materiales y morales, después de que se haya realizado un peritaje por expertos designados por la Generalitat.

Ribó ha tachado de "inaudito" que la administración pague a 35 días esta cantidad y con el anuncio de que recaerá sobre los consumidores en la factura del gas durante los próximos 30 años. A la indemnización, ha recordado, hay que sumar los costes de mantenimiento de la plataforma, su posible desmantelamiento y los intereses bancarios, de manera que en total se acerca a los 3.500 millones de euros.

El Síndic ha sostenido que la rapidez del pago de la indemnización se explica porque los bonos del Banco Europeo de Inversiones vencen a finales de este mes, lo que demuestra la "gestión fatal" del Estado. Además, existen irregularidades desde el punto de vista de la legislación de impacto ambiental, se han ignorado los informes de riesgo sísmico y se ha incumplido de forma flagrante una sentencia del Tribunal Supremo.

 Por ello, ha propuesto que se depuren responsabilidades derivadas de una "mala praxis de la Administración" en relación a la falta de transparencia y respuesta en el acceso de información, en ausencia de buenas prácticas en la tramitación y la ejecución del proyecto y en una gestión inadecuada por parte de los responsables políticos y de los gestores de la empresa Escal UGS.

Así, ha exigido al Ejecutivo central que cree un organismo independiente para que investigue si se cumplieron los "requisitos necesarios para garantizar que el proyecto era plenamente viable", que analice el cumplimiento de las condiciones del Supremo, y que supedite la indemnización a las conclusiones de este dictamen.

Según ha explicado, la sentencia esgrime dos condiciones para el pago de indemnizaciones por rescisión de la concesión, que son que la plataforma esté operativa en aquel momento y que no haya dolo ni negligencia, dos cuestiones que "están en flagrante incumplimiento".

Pide desmantelarla

Ribó ha calificado de "eufemismo" la hibernación y ha pedido que se desmantele la instalación, ya que un informe del Observatorio del Ebro ya alertaba en 2005 de riesgo sísmico, lo que se confirmó con los 1.000 terremotos que se produjeron entre septiembre y octubre de 2013. También se dirigirá al Defensor del Pueblo europeo para que acuda a la Comisión Europea y que ésta investigue si la actuación del Estado con respecto al real decreto es una ayuda prohibida por el Tratado Fundacional de la UE.

Asimismo, recomienda a la Consejería de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat que valore si la actividad de la plataforma ha causado daños al medio ambiente y que instruya un expediente para determinar si se ha producido alguna infracción y que la repare.

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