La Generalitat pide el levantamiento de la suspensión del decreto de pobreza energética de Cataluña

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno mientras decide no incluir nada parecido en la norma que se redacta a nivel estatal.

La Generalitat de Cataluña "pedirá el levantamiento de la suspensión" del decreto de pobreza energética, efectiva desde que la pasada semana el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso presentado por el gobierno español, según indica en su web la Agencia Catalana de Consumo.

El consejero de empresa y Ocupación, Felip Puig, lo ha confirmado durante una rueda de prensa en que ha mostrado su "consternación e incomprensión" por haber constatado que al ejecutivo estatal "le preocupa más la unidad de mercado que ayudar a la gente que no puede pagar ni luz ni gas". En cualquier caso, el consejero ha asegurado que la Generalitat no se queda de brazos cruzados y, al margen de pedir el levantamiento de la suspensión, está activando una serie de medidas para ayudar a estas familias.

En este sentido, el titular de empresa y Ocupación ha recordado que se está negociando con el sector energético, en el marco de la mesa de la pobreza, para crear un fondo que ayude las familias afectadas a reducir sus deudas con las suministradoras. "Y en paralelo también pedimos que se pueda incluir en los presupuestos generales del Estado que en estos casos pueda existir una exención extraordinaria del Impuesto sobre el Valor Añadido", ha remachado Puig.

Mientras tanto, el Partido Popular rechazó la semana pasada en la Comisión de Industria del Congreso prohibir a las empresas eléctricas cortar el suministro eléctrico por impago a familias vulnerables, como habían planteado varias formaciones políticas en el Congreso a través de enmiendas parciales al proyecto de Ley del Sector Eléctrico. El portavoz de Energía del PP en la Cámara Baja, Antonio Erías, explicó en su intervención que no se puede plantear que la pobreza energética es "el mal que invade" el país, olvidando con ello la razón de esta situación, que no es otra que "el comportamiento de los precios" de la energía, que en los últimos siete años se han incrementado un 67% y que han llevado a un importante déficit de tarifa.

El Gobierno catalán aprobó a finales del año pasado el decreto ley para incluir en el Código de Consumo de Cataluña las medidas necesarias para impedir la interrupción del suministro energético a las personas en situación de vulnerabilidad económica durante los meses de invierno. La nueva normativa, que fue consensuada con agentes económicos y sociales y el sector energético, fue convalidada por el Parlamento de Cataluña a principios de 2014.

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