El número de usuarios cae cerca de un 18% desde 2009

FACUA pide al Gobierno que deje de esconder el bono social y amplíe sus beneficiarios en vez de reducirlos

Las compañías eléctricas deben ser obligadas a desarrollar campañas informativas eficientes, claras y masivas sobre este descuento, desconocido para el 48% de los consumidores, según una encuesta de la asociación.

FACUA pide al Gobierno que deje de esconder el bono social y amplíe sus beneficiarios en vez de reducirlos

FACUA-Consumidores en Acción exige al Gobierno que deje de esconder el bono social eléctrico y amplíe sus beneficiarios en vez de reducirlos. Se trata del único instrumento dispuesto para proteger a los usuarios más vulnerables, cuya existencia desconoce el 48%, según una encuesta llevada a cabo por la asociación.

FACUA reclama que las compañías eléctricas sean obligadas a desarrollar campañas informativas eficientes, claras y masivas sobre este descuento.

El número de beneficiarios de esta rebaja ha caído un 17,9% desde que se creó en 2009. Según los datos facilitados por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), el número de personas que recibe esta ayuda ha pasado de 3.004.607 en 2009 a 2.467.290 en 2014, esto es, 537.317 usuarios menos.

La asociación considera alarmante que, según los datos de su encuesta, el 48% de los usuarios desconozcan lo que es el bono social y las condiciones para beneficiarse. Para acceder al descuento hay que tener contratada una potencia inferior a 3,3 kW o, en el caso de que sea menor de 10 kW, encontrarse en uno de estos tres supuestos: ser pensionista con prestaciones mínimas y más de 60 años de edad, ser familia numerosa o vivir en un hogar en el que todos sus integrantes se encuentren en situación de desempleo.

En su origen, el bono social consistió en la congelación de la Tarifa de Último Recurso (0,114730 euros por kWh y 1,675202 euros por kW de potencia contratada). A principios de este año, el Gobierno decidió cambiar el criterio y lo dejó en un descuento del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC, que sustituyó a la TUR) de un 25%. FACUA considera del todo insuficiente esta rebaja, y exige al Ejecutivo que aumente el porcentaje.

Además, FACUA reclama al Gobierno que no valide la modificación del bono social que ha propuesto, dado que aún reducirá más el número de personas que podrán acceder a él. El cambio, un criterio de renta muy restrictivo, está recogido en la nueva ley para el sector cuyo reglamento está aún sin desarrollar. Esto hará que, incluso estando en alguno de los tres supuestos anteriores, no se pueda solicitar. La asociación exige al Ejecutivo que deje de disminuir las condiciones para acceder a él y amplíe la base de beneficiarios del bono social.

El máximo de ingresos se ha establecido ahora en el 120% del salario mínimo interprofesional (10.841 euros). Si en el hogar vive más de una persona, para la segunda persona el tope está en el 70% del salario mínimo (7.588 euros) y para la tercera y siguientes, el 50% (5.420 euros).

Esto es, una familia con dos personas que reciben una pensión y la pensión es el 75% del salario mínimo quedaría fuera de poder solicitar la ayuda.

La asociación considera que en lugar de proteger a las personas más vulnerables, con los cambios que el Gobierno está introduciendo, lo que hace es proteger a las compañías eléctricas y sus intereses.

Campañas informativas de las eléctricas obligatorias

FACUA alerta de que las empresas eléctricas están ofreciendo a los usuarios que ya tienen el bono social que se cambien al mercado libre, por lo que su factura de la luz sube desproporcinoadamente. La asociación pide a Consumo que persiga este tipo de prácticas y que proteja realmente a la población.

FACUA reclama al Gobierno que obligue a las compañías eléctricas a desarrollar campañas informativas eficientes sobre el bono social y recomiende a los usuarios que tengan el perfil adecuado que contraten la tarifa con la que pueden beneficiarse de él.

Más personas en riesgo de sufrir pobreza energética

FACUA recuerda que los hogares que tienen a sus miembros en paro tienen una probabilidad mayor de sufrir condiciones asociadas a la pobreza energética, esto es, la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud o destinar más del 10% de los ingresos anuales de un hogar para pagar el recibo de la luz

En 2012, último año del que se tienen datos, uno de cada tres hogares con sus miembros en paro destinaba más del 10% de sus ingresos anuales al pago de la factura de la luz.

La asociación exige al Gobierno que tome medidas reales y contundentes para parar la creciente pobreza energética que vive una gran parte de la población española. FACUA recuerda que el porcentaje de hogares que gasta más del 10% de sus ingresos anuales al pago de la factura de la luz era en 2012 un 17%, algo más de siete millones de personas, cifra mucho más acusada en las zonas rurales, de acuerdo con la Asociación de Ciencias Ambientales.

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