España fue advertida por primera vez en 2003

La Comisión Europea llevará a España ante la justicia por su mala gestión de las aguas residuales

Las regiones afectadas son zonas de más de 10.000 habitantes y la Comisión considera que las autoridades españolas trabajan muy lento para solucionar los problemas surgidos en este ámbito.

La Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no garantizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales en tres de sus comunidades autónomas: Cataluña, Galicia y Andalucía. Bruselascalifica esta gestión como un riesgo para la salud pública de los ciudadanos, los ríos y el medio marino.

España ya fue advertida por este hecho por primera vez en 2003. Las regiones afectadas son zonas de más de 10.000 habitantes y la Comisión considera que las autoridades españolas trabajan muy lento para solucionar los problemas surgidos en este ámbito.

Los Estados miembro tienen la obligación de adoptar medidas y sistemas adecuados de recogida y tratamiento de este tipo de aguas, debido a que su no gestión se convierte en un problema de salud humana. 

En un comunicado, la Comisión asegura que "España se ha quedado atrás en la aplicación del marco legal (de la UE), pues los informes de las autoridades españolas muestran que aún no existe tratamiento adecuado" de las aguas residuales en zonas como Berga, Figueres o Bañolas (Cataluña) ni en Pontevedra, Marín, Poio o Bueu (Galicia).

En Andalucía, concretamente en Bollullos Par del Condado, además de las regiones catalanas de Abrera y Capellades, Bruselas considera que los informes presentados por España están incompletos o no cumplen la normativa de la Unión Europea.

El tratamiento correcto de estas aguas viene recogido en la Directiva Europea Tratamiento de Aguas Residuales, que insta a los países miembros a garantizar que sus ciudades y municipios aplican una gestión adecuada de sus aguas residuales, pues "el agua que no se trata puede estar contaminada con bacterias o virus dañinos y representar un riesgo para la salud pública".

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