Un juez ordena el cese cautelar de las actividades de la aplicación Uber en España por competencia desleal

La resolución recoge que la empresa desarrolla "una actividad que infringe las normas jurídicas de manera muy evidente en un sector regulado".

El juez de lo Mercantil número 2 de Madrid ha ordenado el cese y la prohibición en España de las actividades de la aplicación de desplazamientos Uber, que pone en contacto a conductores y usuarios para la movilidad dentro de la ciudad como alternativa al taxi tradicional.

La decisión judicial estima así las medidas cautelares propuestas por la Asociación Madrileña del Taxi planteadas hasta que se resuelva una demanda interpuesta contra la empresa. El juez acepta la medida porque los conductores contratados por Uber carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor y la actividad que llevan a cabo supone competencia desleal.

En su resolución, el juez aclara que no se trata de una cuestión de debate filosófico sobre la libertad de mercado en general y la economía cooperativa en particular, sino "una protección cautelar basada en la legalidad vigente".

El juez llega a esta conclusión porque la ley de competencia desleal determina que cuando se infringen normas que son exigidas para actuar en un mercado, la infracción en sí misma es una acción desleal. La empresa desarrolla "una actividad que infringe las normas jurídicas de manera muy evidente en un sector regulado" y extiende la medida a toda España por "la naturaleza del servicio mercantil que presta Uber, su vocación transfronteriza, su voluntad de ocupar de manera secuencial el mercado de transporte de viajeros sin reunir de momento los requisitos administrativos exigidos".

La estructura empresarial de Uber empeora su posición, ya que "desarrolla su actividad desde el paraíso fiscal estadounidense de Delaware, y se presenta, según los notorios medios de comunicación, con una deliberada vocación de opacidad" que "podría suponer una facilidad para situarse al margen de las leyes españolas y europeas".

El magistrado fija en 10.000 euros el aval que los taxistas tendrán que depositar en los tres días siguientes a la publicación del auto para hacer efectivas las medidas.

En la misma resolución se oficia a las empresas de telecomunicaciones y de pago electrónico para que prohíban todo tipo de transacciones y alojamiento a la empresa Uber.

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