Presupuestos 2015 para Andalucía

Un año más tenemos por delante unos presupuestos difíciles y una realidad social más tozuda aún e incuestionable: en Andalucía ha aumentado la pobreza, más de 3,5 millones de personas viven en nuestra Comunidad en claro riesgo de pobreza y exclusión social, lo que supone cerca del 40% de la población de la comunidad, según el informe elaborado por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Un 55% de las familias no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, un 23% con muchas dificultades para llegar a fin de mes y un 13% con retrasos en el pago de gastos relacionados con su vivienda y suministros en los últimos doce meses, según los datos recogidos de la Encuesta de Condiciones de Vida.

Miles de afectados por hipotecas abusivas ven peligrar su vivienda o han sido ya desahuciados. Y miles de usuarios están en riesgo de ser privados de suministros básicos esenciales por no poder afrontar su pago. Otros tantos abonan recibos desorbitados de luz, facturas de teléfono irreales y gastos y comisiones bancarias abusivas. Todo ello nos ofrece una radiografía de Andalucía que evidencia la desigualdad y vulnerabilidad social existente.

Los servicios de Consumo de Andalucía recibieron durante 2013 un 9% más de reclamaciones y denuncias por prácticas abusivas e irregulares respecto a las registradas en 2012 y FACUA Andalucía tramitó ese año 24.884 consultas y reclamaciones, la mayoría contra bancos, energéticas y empresas de telecomunicaciones.

Pobreza y abuso de los mercados es un combinado que siempre va unido y al que es preciso hacer frente desde políticas públicas que conciban la protección y defensa de los consumidores como una herramienta imprescindible en la lucha contra los desequilibrios y las injusticias de un modelo económico que perjudica claramente a la ciudadanía y a las personas más vulnerables.

Tenemos en Andalucía graves desequilibrios sociales y económicos y esta situación debería implicar un mayor compromiso y esfuerzo del gobierno con las políticas públicas de protección al consumidor, políticas que contribuyan a equilibrar posiciones y a minorar desigualdades. Debería hacerlo además, desde la justicia social y no desde concepciones benéficos-asistenciales que sólo den respuesta a momentos y situaciones puntuales y coyunturales y no provocan cambios estructurales de un modelo económico y social que necesita virar hacia el lado de las personas.

La situación actual de desprotección de los consumidores y usuarios exige una respuesta proporcional así como recursos para hacerle frente. Sin embargo, desde 2008 el gobierno andaluz ha disminuido las ya paupérrimas partidas destinadas a este objetivo en casi un 29%, dejando en agua de borrajas su voluntad de impulsarlas. Ahora vuelve a tener por delante la oportunidad real de cambiar esta situación. Desde FACUA Andalucía le instamos a que no vuelva a dejarla pasar.

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