Resolución sancionadora emitida por la Secretaría de Estado

El Ministerio de Hacienda impone 25 millones de euros de multa a la OID por actividades ilícitas de juego

Según el dictamen publicado el 27 de diciembre en el BOE, la Organización Impulsora de Discapacitados imprime, distribuye y comercializa productos de lotería de carácter ilegal en todo el territorio nacional, de forma ambulante, y mediante un portal de internet.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha impuesto una sanción a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) por importe de 25 millones de euros, tras ser considerada responsable de una infracción muy grave "al realizar actividades ilícitas de juego".

Amparada en la Ley de Regulación del Juego, la resolución emitida por la Secretaría de Estado de Hacienda fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 27 de diciembre.

Según este dictamen ministerial, "la OID es una organización de ámbito estatal que imprime, distribuye y comercializa productos de lotería de carácter ilegal en todo el territorio nacional, de forma ambulante, y mediante un portal de internet".

En este sentido, la disposición sancionadora puntualiza que "desde su inicio en el año 1994, OID organizó y comercializó una lotería denominada 'Boleto del discapacitado', de la que nunca obtuvo título habilitante y que, con el transcurso de los años, se extendió a todo el territorio nacional".

La Ley de Regulación del Juego reserva exclusiva y legalmente la actividad de loterías de ámbito estatal, con carácter no ocasional, a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) y a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

En una detallada resolución, el Ministerio argumenta que esta asociación de carácter empresarial cuenta con "vendedores que trabajan normalmente sin ningún tipo de contrato o con un contrato de voluntariado, sin estar dados de alta en la Seguridad Social" y, de hecho, constata que sólo dos personas están cotizando actualmente a nombre de OID.

El fallo considera "muy grave" la infracción cometida por la OID contra la Ley Reguladora del Juego y recuerda la jurisprudencia establecida al efecto por multitud de órganos jurisdiccionales, tanto autonómicos como nacionales y europeos.

Atentado contra consumidores y menores

La legislación sobre este sector trata de evitar el blanqueo de capitales, el fraude fiscal, la criminalidad y los efectos perniciosos contra los consumidores, especialmente sobre los menores. De hecho, la resolución habla de que la OID no vigila que sus juegos puedan ser practicados por menores.

Hacienda también critica la "actitud despreciativa de la legalidad" por parte de la OID, a ser "plenamente conocedora de la ilicitud de su actividad" y cita numerosas intervenciones de la Polícia contra la venta de sus juegos.

Además, se incorpora un informe de la Comisaría General de la Policía Judicial en el que se afirma que "la OID extiende su actividad a casi todo el territorio nacional” con unos “ingresos anuales que podrán cifrarse alrededor de los 56.700.000 euros".

"El grave atentado contra el orden jurídico que supone el desarrollo de esta actividad por parte de la OID viene teniendo lugar de manera continua, consciente y persistente, y sin perjuicio de la multitud de momentos en que las autoridades administrativas y judiciales han tenido ocasión de pronunciarse sobre la ilicitud de aquélla, sin que la OID haya cesado en tal actividad", concluye la resolución.

Por todo, se considera que la OID atenta contra los derechos de los jugadores, con especial incidencia grave en los menores; contra los derechos de sus trabajadores “a sabiendas de la ilegalidad de su actividad” y que no están sujetos a cotización a la Seguridad Social; y existe un elevado grado de intencionalidad y reincidencia. Todo ello concluye con la imposición de una multa de 25 millones de euros.

La Organización Impulsora de Discapacitados ya anunció al conocer la multa impuesta que su intención era la de recurrir la resolución y además anunció la interposición de una querella criminal contra el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré Navarretetal y como confirmó el jefe del departamento jurídico de OIT, con sede central en Talavera, Javier Gallego.

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