La UTE Serunión-Grupo Lince Asprona

Castilla y León multa con 135.000 euros a la empresa de los comedores escolares con larvas

Según la Junta, lo sucedido no puede ser achacado a los métodos de cocina. Todo se debió, dice, "a la incorrecta aplicación de los sistemas de autocontrol".

La Junta de Castilla y León ha impuesto una multa calculada en total en 134.601 euros a la UTE Serunión, SA-Grupo Lince Asprona SLU, por la presencia de larvas en alimentos el pasado 9 de octubre en seis comedores escolares de las provincias de León y Segovia.

Los hechos ocurridos en aquella fecha "no pueden ser achacados a los métodos de cocina 'en línea fría' en sí, que están reconocidos como técnicas con un elevado nivel de seguridad alimentaria dentro de la restauración, sino a la incorrecta aplicación de los sistemas de autocontrol", han detallado fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado.

La Junta ha finalizado así la tramitación de los expedientes incoados a través de las Consejerías de Sanidad y Educación a dicha UTE, adjudicataria en esos momentos del servicio de comedor. Los Servicios Oficiales de Salud Pública efectuaron diversas inspecciones como consecuencia de la comunicación oficial del incidente alimentario, que calificaron así los técnicos de la Consejería de Sanidad tras la evaluación del riesgo.

Este riesgo se originó por la presencia de larvas en alimentos el 9 de octubre de 2014 en comedores que gestionaba dicha empresa, tras lo que las diversas inspecciones acometidas constataron distintos "incumplimientos" de la legislación alimentaria y se levantaron las actas de inspecciones.

Expediente sancionador

Las actas desembocaron en el inicio de expedientes sancionadores, en función de lo fijado en la Ley 10/2010 de 27 de septiembre de salud pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León, cuya cuantía global se calcula en 89.500 euros. A estas sanciones, impuestas por la Consejería de Sanidad, se suman otras de 45.101 euros correspondientes al importe total, uno por provincia, incoados por la consejería de Educación.

En estos casos, se trata de expedientes de imposición de penalidades derivados de las incidencias detectadas y han sido tramitados por lo establecido en el real decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector público. El Gobierno autonómico ha recordado que los reglamentos europeos basan la seguridad alimentaria en los sistemas de autocontrol implantados en las empresas y en el control oficial que ejerce la administración.

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