El Defensor del Pueblo Andaluz estudia la efectividad de las multas de la Junta en defensa de los usuarios

La institución que dirige Jesús Maeztu inicia una investigación de oficio con la que espera valorar medidas que mejoren la actuación administrativa en este sentido.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una investigación de oficio para estudiar la efectividad de las sanciones que la Junta de Andalucía impone en materia de consumo, informa eldiario.es. Ante las numerosas quejas recibidas, la institución que dirige Jesús Maeztu pretende conocer en profundidad el ejercicio de la potestad sancionadora de los Servicios de Consumo.

Además, pretende valorar posibles medidas para mejorar la actuación administrativa en defensa de los consumidores y contribuir así a una mejor tutela de los derechos de los usuarios.

En dicha investigación de oficio, la oficina del Defensor del Pueblo indica que la utilización de la potestad sancionadora debe "ir orientada a favorecer el efecto disuasorio ante determinadas prácticas empresariales que redundan en perjuicio de las personas consumidoras".

En el citado documento, añade "que se reiteran la situaciones en las que legítimas pretensiones de las personas consumidoras quedan a la voluntad de las empresas y que aquellas se enfrentan a costosos y lentos mecanismos judiciales para hacer valer su pretensión, lo que les lleva al desistimiento en la mayoría de los casos".

Además, considera que "una decidida voluntad administrativa de sancionar estas conductas podría contribuir a su erradicación", tanto en la empresa afectada por la sanción como en terceras empresas, dado el "efecto ejemplarizante" que se produce con ese tipo de medidas.

La oficina del Defensor del Pueblo indica que, entre las quejas que su departamento recibe, se encuentran los retrasos en la tramitación de expedientes sancionadores y la prescripción de las infracciones cometidas. En otras ocasiones, se denuncia la falta de información que se ofrece a los consumidores que presentan quejas ante el mal comportamiento de determinadas empresas.

La investigación de oficio que ahora inicia el Defensor incluirá el estudio de los expedientes sancionadores que la Junta ha tramitado durante los últimos tres años (2012 - 2014), además de los plazos de ejercicio de la potestad sancionadora, tiempo medio de tramitación, sanciones impuestas, coordinación administrativa, etc.

Ya somos 188.907