Ferrocarriles de Cataluña devuelve a un usuario una multa por ir sin billete en un viaje que nunca realizó

Antonio Rodríguez no recibió las notificaciones de la empresa de transportes ni de la Agencia Tributaria, por lo que han anulado la sanción de 360 euros gracias a la intervención de FACUA.

FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que su socio Antonio Rodríguez de Barcelona recupere los 360 euros que la Agencia Tributaria le había cobrado en concepto de multa e intereses impuesta por Ferrocarriles de la Generalitat por haber viajado sin billete el 10 de febrero de 2012, algo que en realidad nunca ocurrió.

Antonio Rodríguez recibió en mayo de 2012 en su domicilio una notificación en la que se le indicaba que se le había impuesto una sanción de 300 euros por viajar sin billete en el trayecto de Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) en febrero de ese mismo año. Según la FGC, había estado sin el correspondiente título de viaje en la estación de Plaza de España de Barcelona, en un trayecto entre Sant Josep y Plaza de España.

Sin embargo, él no había viajado en tren en el día que se le decía, y por lo tanto, puso una reclamación a la compañía, que no obtuvo respuesta.

A pesar de esto, Antonio recibió un nuevo escrito, esta vez de la Agencia Tributaria, en la que se le apremiaban a pagar, sin notificarle a qué correspondía la sanción ni permitirle presentar alegaciones.  Más adelante le hicieron el cargo, no de los 300 euros de multa, sino de 360 euros, dado que se incluían los intereses.

Ante esta situación, Rodríguez decidió poner el asunto en manos de FACUA. La asociación envió a la Agencia Tributaria un recurso de reposición contra providencia de apremio, esto es, un escrito en el que se indicaba que el mencionado socio no había podido ejercer su derecho a alegar la multa, dado que no había recibido ninguna notificación válida previa de dicha administración.

En paralelo, FACUA se dirigió a Ferrocarriles de la Generalitat para solicitar la nulidad de la multa por falta de notificación de la resolución sancionadora y por haber prescrito el plazo, sin que haya habido respuesta.

Meses después, la asociación volvió a dirigirse a la Agencia Tributaria para poner, esta vez, una reclamación económico administrativa en la que solicitaba la suspensión del pago de la sanción por haber transcurrido el plazo legal suficiente. Dicha administración respondió indicando que habían resuelto estimar el recurso de reposición en cualquier caso y que, por tanto, habían anulado la provisión de apremio y el cobro de la multa.

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